El Gobierno está dispuesto a convertir las reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado para aliviar las cuentas de la Seguridad Social. Este cambio permitiría ingresar al sistema público de pensiones unos 1.900 millones. El eEjecutivo también es proclive a seguir acrecentando la separación de las fuentes de financiación del sistema de previsión y a tal fin sopesa que las pensiones de orfandad y viudedad se financien a través de impuestos, vía Presupuestos del Estado, y no con cargo a las cuotas de los cotizantes, y sin que ello suponga que pasen a ser catalogadas como pensiones asistenciales.
Así lo avanzó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, en el que se ha empezado a abordar el desafío que entraña para las pensiones públicas el agotamiento el año próximo de los 67.000 millones de la "hucha de las pensiones" que el Gobierno de Zapatero siguió dotando durante los años de la crisis pero que durante la etapa de Rajoy se ha utilizado desde 2012 para pagar las extras de los pensionistas. Báñez confirmó que el Ejecutivo prevé seguir recurriendo a este fondo de reserva.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó a su vez en el Senado su disposición a hablar sobre algunas propuestas de pensiones realizadas por Podemos, como la eliminación del tope máximo a la cotización de los salarios más altos, la financiación de algunas pensiones vía impuestos y la supresión de regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.
Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o tarifas planas que puso en marcha el Gobierno para fomentar el empleo se financian con cargo a la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones de las cuotas son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ingresará ese importe en la Seguridad Social. En ambos casos el abaratamiento para el empresario es el mismo pero el coste recae en distinto financiador. Báñez también expresó la necesidad de priorizar la lucha contra el fraude.
La oposición abogó por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, cuyo déficit atribuyó al problema demográfico emanado del envejecimiento de la población y a decisiones del PP como la devaluación salarial o la tarifa plana en las cuotas.
Salario mínimo
De otra parte, la proposición de ley que En Comú Podem ha llevado al Congreso para subir progresivamente el salario mínimo encontró ayer el respaldo de la mayoría de los grupos de la Cámara en su debate de toma en consideración a excepción del PP, que ha anunciado su rechazo, y Ciudadanos, que si bien no ha expresado su apoyo, tampoco se opondrá.
