23 de noviembre de 2016

UGT ve un "regalo" la bonificación de contratos y la patronal la defiende

Pepe Álvarez cree que hay que acabar con las subvenciones a la contratación

23.11.2016 | 03:37
UGT ve un "regalo" la bonificación de contratos y la patronal la defiende

Apuesta por un turismo "de calidad"

  • Pepe Álvarez, sustituto de Cándido Méndez al frente de la UGT, explicó poco antes de reunirse con el presidente y la vicepresidente autonómicos, Fernando Clavijo y Patricia Hernández, que las Islas "deberían pensar que el turismo tiene que empezar a ser de calidad, y tiene que empezar a ser un turismo que deje recursos". El representante del sindicato, que celebra por vez primera en la Comunidad Autónoma una reunión de su comisión ejecutiva confederal, apuesta también por abandonar el "monocultivo" del turismo e hizo un alegato en favor de la "planificación" turística, lo que choca con la postura favorable a una mayor liberalización que vienen haciendo las organizaciones empresariales de la Comunidad Autónoma. "Yo he sido secretario general de la UGT de Barcelona durante un tiempo, y Barcelona está a punto de morirse de éxito; ¿por qué?, pues porque ha habido poca planificación y la masificación no es la alternativa".
  • Agustín Manrique de Lara respondió, por su parte, que "más regulación no es el camino, sobre todo porque no es la Administración la que mejor conoce hacia dónde ir, sino las empresas".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aprovechó ayer la previa de su encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para mostrar su rechazo a las "subvenciones a la contratación". "El Gobierno tiene que dejar de utilizar los recursos de los pensionistas para hacer políticas de empleo, y, en todo caso, las políticas de empleo las tenemos que discutir; las tarifas planas son un regalo que pagamos todos y que no tenemos por qué pagar", argumentó el principal representante de la Unión General de Trabajadores (UGT) momentos antes de reunirse con Clavijo y la vicepresidente y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández.

Álvarez ahondó así en una idea que enfrenta a sindicato y patronal y que aquel viene manifestando desde hace semanas: la de poner fin a las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales para el fomento de la contratación, medidas que este año costarán unos 3.700 millones de euros que "podrían emplearse en políticas mucho más eficaces para mejorar la situación de los empleados". "Los incentivos a la contratación no generan empleo, se limitan a producir una reducción de los costes laborales de los contratos bonificados y, como máximo, facilitan el desplazamiento o sustitución de unos trabajadores por otros. Además, una vez que finalizan las ayudas, el empresario opta, en muchos casos, por deshacerse del trabajador con contrato bonificado", expusieron desde UGT.

Desde el empresariado, la visión de este tipo de incentivos es radicalmente distinta. Las voces consultadas ayer por este diario hicieron hincapié en que su objetivo esencial es ayudar a la empresa a contratar a ese trabajador al que necesita pero a quien sin esa ayuda no podría contratar, de modo que se benefician tanto el empleado como la empresa. En este sentido se manifestó el propio presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, quien, ya de entrada, expuso que la política de incentivación del empleo que viene poniendo en práctica el gobierno de Mariano Rajoy "no ha funcionado mal". Es más, el representante de la patronal de la provincia de Las Palmas no haría grandes cambios en las actuales circunstancias: "Yo no me atrevería a tocarla".

Manrique de Lara ahondó en su postura y explicó que la economía "no va en mal camino" en lo relativo al empleo, a lo que ha contribuido, a su juicio, este tipo de medidas. "Cuando tienes un problema de desempleo, tienes que abaratar el coste laboral; si encareces esos costes, estás condenando al desempleo a muchos colectivos, sobre todo, por ejemplo, al empleo juvenil", subrayó el presidente de la CCE, que reconoció estar "sorprendido" por el planteamiento de la central sindical.

Al margen de "acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas", UGT considera necesario, ya "a corto plazo", que el Gobierno "destape las bases de cotización", es decir, que se suprima la base máxima de cotización (3.642 euros). Con ello, argumenta el sindicato, se aumentaría la recaudación, pues se cotizaría también más allá de ese máximo.

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