El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aprovechó ayer la previa de su encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para mostrar su rechazo a las "subvenciones a la contratación". "El Gobierno tiene que dejar de utilizar los recursos de los pensionistas para hacer políticas de empleo, y, en todo caso, las políticas de empleo las tenemos que discutir; las tarifas planas son un regalo que pagamos todos y que no tenemos por qué pagar", argumentó el principal representante de la Unión General de Trabajadores (UGT) momentos antes de reunirse con Clavijo y la vicepresidente y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández.

Álvarez ahondó así en una idea que enfrenta a sindicato y patronal y que aquel viene manifestando desde hace semanas: la de poner fin a las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales para el fomento de la contratación, medidas que este año costarán unos 3.700 millones de euros que "podrían emplearse en políticas mucho más eficaces para mejorar la situación de los empleados". "Los incentivos a la contratación no generan empleo, se limitan a producir una reducción de los costes laborales de los contratos bonificados y, como máximo, facilitan el desplazamiento o sustitución de unos trabajadores por otros. Además, una vez que finalizan las ayudas, el empresario opta, en muchos casos, por deshacerse del trabajador con contrato bonificado", expusieron desde UGT.

Desde el empresariado, la visión de este tipo de incentivos es radicalmente distinta. Las voces consultadas ayer por este diario hicieron hincapié en que su objetivo esencial es ayudar a la empresa a contratar a ese trabajador al que necesita pero a quien sin esa ayuda no podría contratar, de modo que se benefician tanto el empleado como la empresa. En este sentido se manifestó el propio presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, quien, ya de entrada, expuso que la política de incentivación del empleo que viene poniendo en práctica el gobierno de Mariano Rajoy "no ha funcionado mal". Es más, el representante de la patronal de la provincia de Las Palmas no haría grandes cambios en las actuales circunstancias: "Yo no me atrevería a tocarla".

Manrique de Lara ahondó en su postura y explicó que la economía "no va en mal camino" en lo relativo al empleo, a lo que ha contribuido, a su juicio, este tipo de medidas. "Cuando tienes un problema de desempleo, tienes que abaratar el coste laboral; si encareces esos costes, estás condenando al desempleo a muchos colectivos, sobre todo, por ejemplo, al empleo juvenil", subrayó el presidente de la CCE, que reconoció estar "sorprendido" por el planteamiento de la central sindical.

Al margen de "acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas", UGT considera necesario, ya "a corto plazo", que el Gobierno "destape las bases de cotización", es decir, que se suprima la base máxima de cotización (3.642 euros). Con ello, argumenta el sindicato, se aumentaría la recaudación, pues se cotizaría también más allá de ese máximo.