La Dirección General de Aviación Civil volverá a estudiar la implantación de los parques eólicos grancanarios afectados por las servidumbres aeronáuticas de Gando. Hasta la fecha, las restrictivas normas que preservan la seguridad aérea han frustrado los proyectos previstos para la zona de mayor calidad de viento de la Isla.
Desde hace más de cuatro años, los promotores y el Gobierno de Canarias han dialogado con Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ambas comandadas por Raúl Medina desde la primavera de 2015. Ni siquiera el compromiso de los inversores de costear el traslado de los elementos de seguimiento de los vuelos dio fruto alguno. Ahora, Medina retoma el análisis, que abordará caso por caso.
El problema es el tiempo. Ya corre el plazo de 24 meses para que los aerogeneradores estén operando. De lo contrario, perderán la retribución específica, mayor que en la Península para garantizar su rentabilidad. Es más, Red Eléctrica de España ha urgido a los inversores a comprometerse por escrito a usar las subestaciones a construir para recoger la energía generada por los molinos. La rúbrica en estos casos se antoja imposible.
La retirada del radar NDB, en desuso, es probable. Eso libraría de servidumbres a zonas sensibles como el polígono de Arinaga. El esfuerzo de Aviación Civil cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que Bruselas ha instado a variar los métodos para el seguimiento del tráfico aéreo antes del final de 2020. Para entonces todos los parques podrían instalarse, si bien, con las actuales reglas, no tendrían garantizada la rentabilidad.
