La financiación del bono social de la luz recaerá sobre todas las comercializadoras eléctricas. Esa es la intención del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, que ayer presentó su propuesta al Congreso y logró un amplio apoyo de las formaciones políticas.
En concreto, el Gobierno prepara un real decreto ley para que todas las empresas comercializadoras financien el bono social que permite reducciones en la tarifa eléctrica, y esquivar así el "escollo" de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que censura la discriminación actual entre empresas integradas o no.
Nadal comentó al término de su reunión con los portavoces de Industria que existe unanimidad para que sean las compañías privadas, sin discriminación, las que soporten la financiación de esta bonificación, así como los 500 millones que la sentencia prevé como compensación a las empresas eléctricas.
Sin embargo, el ministro no quiso ir más allá acerca de la multa, pues Energía ha recurrido el fallo del Supremo ante los "problemas jurídicos" que han detectado en el mismo. En todo caso, sí aseguró que el bono social mantendrá su "status quo".
Tregua invernal
Este real decreto responde a la "urgencia" surgida tras el varapalo judicial, admitió el minis. Respecto a la búsqueda de una solución para las personas con mayor dificultad para poder pagar las facturas y evitar el corte del suministro -en referencia al caso de la anciana de Reus que murió en un incendio tras el corte del suministro eléctrico-, Nadal llamó a ser "extremadamente respetuoso" con las competencias autonómicas y locales, lo que generó fricciones en la reunión, pues no quiso pronunciarse ante la solicitada "tregua invernal" por varios de sus interlocutores.
