El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó "dos restricciones" al diálogo social con sindicatos y empresarios durante reunión que mantuvo ayer en el Palacio de La Moncloa con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme, la primera de esta legislatura: cumplir con el objetivo de déficit y "no liquidar" las reformas realizadas en su mandato, como la laboral y la de pensiones.
"Tenemos que cumplir con la senda de déficit público y no deberían hacerse muchos cambios en las reformas que funcionan para no perjudicar la creación de empleo", afirmó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien también participó en el encuentro. Báñez precisó que el Gobierno está dispuesto a introducir "mejoras" en la reforma laboral, pero avisó que los cambios no pueden ser relevantes en lo que -según el Gobierno- está funcionando bien, y que cualquier modificación parcial exigirá un consenso previo entre Gobierno, sindicatos y patronales, lo que dificulta esa posibilidad, dado que, según admitió la ministra, sindicatos y empresarios "no tienen muchos puntos de acuerdo" y ayer, al término del encuentro, manifestaron sus posturas contrarias.
Los sindicatos no ven el modo de mejorar la calidad del empleo sin cambiar el núcleo duro de la reforma laboral. "¿Cómo se mejora la calidad del empleo sin tocar la reforma laboral?", se preguntó el dirigente de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Y, en el mismo sentido, José María Álvarez, secretario general de UGT , sostuvo que "decir que se puede mejorar la calidad del empleo sin tocar la reforma laboral es pura retórica verbal". Mientras que los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, mantuvieron que la reforma laboral ha sido muy útil: "Durante la crisis se cerraron más de 300.000 empresas. Sin reforma laboral se habrían cerrado muchas más".
Por otro lado, el Gobierno manifestó que está dispuesto a "estudiar" propuestas de subida del salario mínimo, de los agentes sociales para una o dos legislaturas, y no sólo para el año que viene, por lo que espera contar la semana que viene con ambas propuestas para dar a conocer la cifra en la primera semana de diciembre. Es la respuesta del Ejecutivo al Congreso de los Diputado que el pasado martes aprobó tramitar una iniciativa de Unidos-Podemos para elevar el salario mínimo hasta los 950 euros.
