Los empresarios instalados en polígonos industriales llenos de grandes baches, que amenazan con ganar el nombre de socavones, liquidan en el ayuntamiento correspondiente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Sin embargo, al no estar el área recepcionada por la administración local, no reciben ninguno de los servicios, por lo que ven, por ejemplo, cómo proliferan y crecen los vertederos espontáneos en algunas de sus vías; nadie recoge la basura.
Es una de las grandes quejas que expone la secretaria general de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Laura Dapresa, quien lamenta que la intervención del sector público se dilate en el tiempo, mientras "algunos empresarios se ven obligados a reunirse con proveedores y clientes en hoteles porque les da vergüenza que vean el entorno en el que desarrollan su trabajo". Con el agravante de que la crisis llevó a algunos municipios a incrementar la presión fiscal sobre ellos para cuadrar sus cajas.
El Cabildo de Gran Canaria realizó el pasado año un estudio detallado de los 28 polígonos que se distribuyen por la Isla. "A petición nuestra", puntualiza Dapresa. La conclusión es que solo la cuarta parte -siete- reunían condiciones óptimas. Esa realidad llevó al departamento insular de Industria, que dirige Minerva Alonso, a redactar un Plan Estratégico de Zonas Industriales del que se tendrá "un avance en enero".
La propia consejera insular lamenta, además, que hayan "desaparecido de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias los fondos para dotaciones básicas". La digitalización consume la mayor parte de los recursos, también en Europa, si bien Alonso no renuncia a convencer al resto de las administraciones de que es necesario empezar la casa por el tejado. "La realidad es una", advierte sobre la necesidad de atender antes que ninguna otra cuestión el adecentamiento de los polígonos y la puesta en marcha de las entidades que se ocupen de su conservación y gestión; "vamos a dirigir bien el dinero", explica.
Sin embargo, el viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, asegura que "la parte urbanística es del ayuntamiento; para eso pagan impuestos los empresarios". Es precisamente esa falta de consenso a la que alude Dapresa para explicar por qué los desperfectos de los polígonos no se reparan.
