02 de diciembre de 2016
Consejo de Ministros

Aprobada la subida del 8% del salario mínimo para 2017

Pasará de 655,20 a 707,60 euros mensuales - El Gobierno ha aprobado también el límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo

02.12.2016 | 18:53

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el decreto ley que contempla una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8 % para 2017, con lo que se elevará de 655,20 a 707,60 euros mensuales, ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa.

La subida responde al pacto alcanzado entre el Gobierno y PSOE que incluye esta actualización de la retribución mínima legal de los trabajadores como contrapartida a la abstención de los socialistas que facilitará la aprobación parlamentaria del techo de gasto para 2017.

El decreto establece también que para los años 2018, 2019 y 2020 el Gobierno aceptará el SMI que pacten la patronal y los sindicatos, siempre que presenten su acuerdo al Ministerio de Empleo antes del 15 de noviembre de cada año, ha avanzado esta mañana el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.

 

De esta forma, la propuesta pactada por los agentes sociales tendrá carácter vinculante para el Ejecutivo hasta el final de la presente Legislatura.

La subida del SMI aprobada hoy en el Consejo de Ministros, la más alta de los últimos 30 años, responde al pacto alcanzado entre el Gobierno y PSOE que incluye esta actualización como contrapartida a la abstención del grupo parlamentario socialista para la aprobación de los objetivos de déficit y el techo de gasto.

El PSOE ha celebrado la subida como un gran éxito de los socialistas, Podemos la ha calificado de "migajas" y le ha afeado a los socialistas que estén favoreciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, y Ciudadanos no se ha pronunciado.

Las reacciones de los sindicatos y la patronal -que conocieron la cifra ayer por la tarde cuando el pacto con el PSOE ya estaba ultimado- han sido contrapuestas, ya que los sindicatos ven un avance en esta subida del 8 %, aunque la consideran insuficiente, mientras que la CEOE alerta de que podría llegar a poner en riesgo el empleo.

La patronal ha advertido de que la subida del SMI no se puede trasladar al conjunto de los salarios, que cree tendrían que mantenerse más cerca del incremento medio salarial del 1,02 % pactado en los convenios colectivos en lo que va de año.

A juicio de la CEOE, el incremento para 2017 se enmarca más en la necesidad del Gobierno de lograr apoyos parlamentarios para sacar adelante el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado del año que viene.

Para CCOO, el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para elevar el SMI ha sido "una puñalada" al diálogo social, ha dicho hoy su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz.

Por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha avanzado que se dará a los interlocutores sociales la oportunidad de que pacten entre ellos el SMI para 2018, 2019 y 2020, propuesta que sería vinculante para el Gobierno siempre que se presente antes del 15 de noviembre de cada año.

Esta medida finalmente no se ha incluido en el decreto ley aprobado hoy, a la espera de que sea sometida a análisis en el diálogo social.

Riesgo ha explicado que, si no hay una cifra consensuada de los agentes sociales, el Gobierno tomará la decisión en aplicación del Estatuto de los Trabajadores, aunque escuchará las propuestas que por separado puedan hacer patronal y sindicatos.

A priori no parece fácil que sindicatos y patronal se pongan de acuerdo en un asunto en el que históricamente han tenido posturas enfrentadas.

Los sindicatos abogan por que el SMI se acerque lo antes posible al entorno de mil euros que supondrían el equivalente al 60 % del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea (CSE) suscrita por España.

La patronal ha defendido que los aumentos pronunciados del SMI pueden frenar la creación de empleo y propiciar un efecto contagio en la negociación colectiva, con riesgos alcistas para la inflación.

El SMI se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por la elevada inflación.

En 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Desde 1982, el Consejo de Ministros suele fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año.

El salario mínimo en los 28 países de la UE ha oscilado en 2016 entre 1.923 euros mensuales en Luxemburgo y 215 euros en Bulgaria, según los datos de Eurostat, la agencia estadística comunitaria.

Límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha visto hoy un conjunto de medidas que prepara el Ministerio de Hacienda para controlar la aplicación de tributos y luchar contra el fraude, que incluyen la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros frente a los 2.500 euros actuales y que recaudarán 2.000 millones.

A la espera de que se apruebe la limitación de los pagos en efectivo en un próximo proyecto de ley, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que incluye la implantación del sistema de información inmediata del IVA.

Según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el sistema estará "normalizado" en el segundo semestre de 2017 y afectará a 62.000 contribuyentes que aglutinan el 80 % de la facturación del IVA anual.

El impacto económico de esta medida se estima en 700 millones, repartido por igual entre 2017 y 2018.

De acuerdo con Montoro, este sistema de liquidación inmediata del IVA "online" será también beneficioso para las empresas, ya que se evitará el retraso en las devoluciones, lo que beneficiará a la actividad económica.

El Ejecutivo ha decidido también endurecer la posibilidad de aplazamiento de pago del IVA y de las deudas frente a la Agencia Tributaria (AEAT) suspendidas mientras se tramita su recurso.

Montoro ha dicho que con unos mercados más abiertos y con ofertas bancarias de crédito accesibles a las compañías de cierto tamaño "no tiene justificación que las empresas se financien con cargo a la Hacienda pública".

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