El artículo 50 de la Constitución establece, al regular los principios rectores de la política social y económica, que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Así que, conforme a la norma fundamental, no debería estar en duda que el pago de las nóminas de los pensionistas actuales y de los futuros está asegurado por ley. ¿Lo está de manera efectiva cuando la Seguridad Social va a encadenar otro año con déficit récord (por encima de 18.000 millones en 2016) y el Fondo de Reserva (la hucha para tiempos de dificultad) se agotará a fines de 2017?
Las instituciones representadas en el Pacto de Toledo y economistas de distinto pensamiento coinciden en que esa pregunta tiene dos respuestas: por una parte, los más de nueve millones de pensionistas españoles (entre ellos 303.000 canarios) pueden estar tranquilos, el sistema sigue siendo sólido pese a sus números rojos en la medida en que la deuda y los riesgos están cubiertos por el Estado; por otra parte, que la Seguridad Social haya encadenado seis años de déficits es visto como una evidencia de que son inaplazables nuevas reformas para restablecer el equilibrio financiero y blindar las pensiones para los próximos cuarenta años, cuando se esperan los episodios más críticos por el envejecimiento demográfico.
Serán esas las décadas en las que accederán a la jubilación las generaciones del baby boom (nacidos en los 60 y 70 del pasado siglo) al tiempo que, salvo que se produzca un nuevo fenómeno de inmigración, la población en edad de trabajar descenderá por la baja tasa de fecundidad (1,3 hijos por mujer fértil, la mitad que en 1976). Algunos autores describen el suceso como la amenaza "implacable" de la demografía y otros lo relativizan, sosteniendo que el problema futuro, más que la población, será el empleo: si lo hay, no faltará gente para trabajar y apuntalar el Estado del bienestar.
Dos grandes reformas
Para hacer frente al desafío demográfico, y en un clima de dificultad económica y de presiones desde la UE, España hizo en plena crisis dos grandes reformas de las pensiones (2011 y 2013). Ahora se empiezan a estudiar otras. Aún siendo los cambios de gran calado, la opinión más extendida entre los especialistas es que el sistema público necesitará otros. Como si el sistema estuviera sujeto con muletas, sin una solución completa para sostenerse a largo plazo.
Z Los gastos
Las reformas de estos años han puesto el foco sobre la contención de los gastos presentes y futuros de las pensiones. En esa dirección, se ha elevado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años (salvo para las carreras laborales más largas y de manera progresiva hasta 2027), una decisión conectada con el aumento de la esperanza de vida, factor que empuja al alza los costes del sistema. Se optó por el criterio de que, si se vive más, es razonable que el tiempo extra se reparta entre el trabajo y la jubilación. El español es un modelo contributivo (se cobra más o menos pensión en función de lo cotizado) y ese rasgo se acentuó ampliando (de 15 a 25) el número de años de vida laboral sobre los que se calcula la prestación de jubilación.
Esta última medida perjudica a los trabajadores cuyos salarios mejoraron en los años más recientes y beneficia a quienes están en la situación contraria. Se calcula que la combinación del aumento de la edad de jubilación y el nuevo cómputo de la base reguladora supondrá una pérdida media superior al 10% en los ingresos de los nuevos jubilados respecto a la situación anterior a la reforma, según el catedrático vasco Ignacio Zubiri.
La generosidad del sistema también sufre mutilaciones por las reformas aprobadas en 2013 por el PP. En el contexto del rescate europeo del sector financiero español y las instrucciones recibidas de Bruselas para hacer ajustes se tomaron dos medidas cruciales. En primer lugar, el mecanismo que desde 1996 compensaba a los pensionistas por la subida del índice de precios al consumo (IPC) para preservar su poder adquisitivo fue reemplazado por el nuevo "índice de revalorización", que supedita la actualización a la situación presupuestaria de la Seguridad Social y fija un incremento mínimo del 0,25% y uno máximo del IPC más el 0,5%. Desde 2014 las pensiones han subido ese mínimo del 0,25%.
La inflación negativa de los dos últimos años evitó que los pensionistas perdieran capacidad de compra, algo que sí ocurrirá en 2017 (el IPC previsto es del 1,5% y la subida de las pensiones volverá a ser del 0,25%) y en los siguientes.
La comentada reforma de 2013 alumbró el "factor de sostenibilidad" que, en línea con otros países europeos, reducirá la pensión de los nuevos jubilados conforme aumente la esperanza media de vida de los españoles. Comenzará a aplicarse en 2019 y responde a igualar el trato que se da a los trabajadores de distintas generaciones, de forma que dos personas de la misma edad y con idéntico historial de cotizaciones reciban la misma cantidad total en concepto de pensiones. Para ello se recortará, al llegar a la jubilación, la nómina de los miembros de aquella generación que tiene la expectativa de vivir más tiempo.
Según distintos investigadores, los merma económica para el bolsillo de los pensionistas por todos esos cambios oscila entre el 30% y el 40% de los ingresos de los jubilados del futuro. La Comisión Europea (CE) echa sus propias cuentas en un informe oficial: si ahora la pensión media de los españoles equivale al 79% del último salario al llegar al retiro, en 2035 esa proporción bajará al 58,3% y a menos de la mitad (48,6%) en 2060.
La cuenta de la CE viene a certificar que lo avanzado en estos años en España para sujetar en el futuro el sistema de pensiones ha sido básicamente a costa de los pensionistas actuales y de las próximas décadas. ¿Puede haber más ajustes por el mismo lado? Una corriente de expertos de la que forma parte el director general de Fedea, Ángel de la Fuente, considera inevitable ir a un nuevo aumento de la edad legal de jubilación.
Propone llevarla hasta los 69 años, salvo en el caso de profesiones penosas. Presumiblemente, en la Comisión del Pacto de Toledo reaparecerán también propuestas para elevar a toda la vida laboral el cómputo de la base reguladora sobre la que se calcula la pensión, algo con lo que simpatizan los partidos de la derecha. Los de la izquierda, al igual que los sindicatos, aspiran a desmontar las últimas reformas del PP y a poner el acento sobre los ingresos del sistema.
Z Los ingresos
El modelo español es de los llamados "de reparto", de solidaridad entre generaciones: las personas en activo y las empresas pagan cotizaciones con las que ganan el derecho a su propia pensión y financian las prestaciones del presente. Por tanto, los ingresos de la Seguridad Social dependen principalmente del mercado laboral. Y de ahí viene buena parte del agujero actual. Contenido el aumento del gasto en prestaciones con las reformas de estos años (la nómina anual subió el 2,88% en 2015, la mitad que en 2010), los ingresos por cotizaciones se hundieron por la destrucción de empleo y se quedaron claramente por debajo de lo presupuestado por el Gobierno cuando, a partir de 2014, la ocupación comenzó a crecer. Una parte de ese desfase se explica por la precariedad del nuevo empleo y por el impacto de la reducción de los salarios sobre las bases de cotización, inducida por la reforma laboral de 2012.
¿Puede fiarse sólo al comportamiento futuro del mercado de trabajo la sostenibilidad de las pensiones? El Ejecutivo defiende en público que recuperar la cifra de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social (ahora hay 17,8 millones) es el mejor camino, aunque a la vez admite la necesidad de medidas extraordinarias cuando plantea, como incluyó el PP en su programa electoral, reforzar la financiación con impuestos y pagar con el Presupuesto las pensiones de viudedad.
Ante el salto demográfico que viene, con menos personas en edad de trabajar, asegurar las pensiones sólo con cotizaciones requeriría, según los economistas, alcanzar el pleno empleo y aumentar de forma sobresaliente la productividad y con ello los salarios, algo poco probable visto el historial de la economía española, con tasas de paro crónicamente elevadas y tendencia a especializarse en actividades poco productivas. La opción de subir los tipos de cotización está contraindicada para la creación de trabajo. Los que pagan las empresas ya son de los más altos de la UE y el margen de mejora si se suben de manera general las contribuciones de los trabajadores es limitado porque, en principio, habría que compensarlos con mayores pensiones futuras.
Sí está ganando volumen una propuesta que viene de la izquierda y que el PP se ha prestado a evaluar: suprimir los topes máximos de la base de cotización (3.642 euros al mes) para que se incrementen las aportaciones que corresponden a los salarios más elevados. De hecho, el Consejo de Ministros del viernes decidió incrementar en un 3% las cotizaciones más altas.
Al mismo tiempo se abre paso otra convicción: el sistema de pensiones va a requerir un refuerzo de financiación ajeno a las cotizaciones y procedente de otros ingresos tributarios del Estado, como los que ya sostienen el llamado "complemento a mínimos" que mejora las pensiones mas bajas. La discusión está en cómo hacerlo. Pasar simplemente a pagar con impuestos las pensiones de viudedad (22.000 millones al año) resolvería el déficit de la Seguridad Social, pero abriría un boquete en otra parte de las arcas públicas que obligaría a recortar otras políticas o a elevar los ingresos fiscales. Las cuentas saldrían, según la tesis de Ignacio Zubiri, si España fuera capaz de acercar su recaudación total (ahora equivalente al 34,6% del PIB, de las más bajas de Europa) a la media de la UE (40%).
Con independencia de la controversia que suscitan las subidas de impuestos, la solución tributaria para las pensiones plantea otros dilemas. Si, pongamos por caso, se opta por reforzar las pensiones con ingresos procedentes del IVA o del IRPF se estaría produciendo de hecho una transferencia de renta desde contribuyentes con ingresos modestos a pensionistas que en bastantes casos tendrán una posición económica mejor. Y sin que, al contrario que a través de las cotizaciones, nazca ningún derecho para el autónomo o el asalariado a recibir un pensión propia mayor en el futuro. De ese problema de "regresividad" descrito por algunos expertos nacen propuestas como las del PSOE de seguir el modelo francés: crear un nuevo recargo progresivo sobre la renta y sobre la riqueza que ha contribuido a situar la presión fiscal del país galo en el 48% del PIB.
