El que fuera secretario general de UGT-Asturias entre 2000 y 2016, Justo Rodríguez Braga, tres miembros de su ejecutiva y dos trabajadores del entorno del sindicato fueron detenidos ayer por su relación con el presunto fraude en la gestión de cursos de formación para el empleo que investiga un juzgado de Oviedo.
Las detenciones se practicaron a primera hora de la mañana mientras varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían en la sede del sindicato en la capital asturiana.
Registro y detenciones se llevaron a cabo por orden del Juzgado número 4 de la capital asturiana, que investiga si el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur) hincharon contratos para elevar de forma artificial los costes de los cursos costeados con subvenciones del ejecutivo asturiano.
La investigación se inició a finales de 2014 a raíz de la denuncia de un ex trabajador del sindicato que llevó a la Fiscalía a presentar la denunciar en diciembre por presunto fraude en las subvenciones.
Además de Rodríguez Braga, que fue detenido en su domicilio, la Guardia Civil detuvo también a los dos últimos responsables de Formación en sus ejecutivas, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la ex responsable de Comunicación y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Carmen Caballero.
La relación de arrestados se completa con un trabajador del departamento de contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C., y una empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia S.F..
Al margen de los detenidos ayer, el Juzgado que instruye este caso citó hace meses a declarar al responsable del IFES, Andrés de Dios, y a responsables de Infastur y de otra empresa también filial de UGT, Localmur, por su presunta implicación a la hora de inflar las facturas de los locales alquilados para dar los cursos en cuestión.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el Gobierno asturiano también se personó en la investigación abierta, procedió a la revisión de las ayudas concedidas a UGT y en el primer trimestre de 2015 acordó la revocación de subvenciones por importe de 347.000 euros. No obstante, tras esa decisión, el sindicato ganó algunos juicios en los procedimientos contencioso-administrativos que presentó contra la revocación de las ayudas.
