La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de prisión para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y cuatro años y tres meses para el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por presunta administración desleal al cobrar indemnizaciones millonarias.

El fiscal José Perals ha solicitado la apertura de juicio oral contra Benjumea, Sánchez Ortega, el también expresidente Antonio Fornieles y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde. Benjumea recibió 11,48 millones al dejar la empresa y Sánchez Ortega, 4,48 millones.

El fiscal pide cinco años de prisión y una multa de 90.000 euros (300 euros diarios durante diez meses) para Benjumea; cuatro años y tres meses de prisión y multa de 72.000 euros (300 euros diarios durante ocho meses) para Sánchez Ortega; y tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros al día durante seis meses) para Fornieles.

En cuanto a las dos exconsejeras, el fiscal solicita para ambas tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros diarios durante seis meses) por su actuación en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El fiscal pide que, por su responsabilidad civil, Sánchez Ortega indemnice a Abengoa con 4,48 millones de euros.

A Benjumea, Fornieles, Velarde y Gracia, el fiscal les reclama una indemnización conjunta y solidaria de 11,48 millones. Sobre Benjumea, el fiscal dice que fue destituido como presidente pero no como consejero, cargo que dejó de forma voluntaria, por lo que no debería haber recibido siete millones de indemnización. Además, subraya que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon totalmente de Abengoa, por lo que ninguno tenía derecho a la compensación de 4,48 millones. El fiscal recuerda que, cuando la Comisión de Nombramientos y Retribuciones dio el visto bueno a estas indemnizaciones, ya se conocía la "grave crisis" de la empresa.

El escrito señala que fueron Fornieles, Gracia y Velarde los que aprobaron las indemnizaciones y remitieron la propuesta al consejo de administración.

Para la vista oral, el fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración de una serie de testigos, entre ellos el exministro y exconsejero de Abengoa Josep Borrell.