Los ayuntamientos han encontrado en el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido comúnmente como el impuesto de plusvalías) un maná fiscal. Al calor de las revisiones catastrales promovidas por muchos de ellos, esta figura se ha convertido en el tercer pilar que sostiene sus arcas. La recaudación por este concepto encadena cuatro años consecutivos de incrementos en el Archipiélago. Especialmente notable fue el anotado en 2015 -último dato publicado por el Ministerio de Hacienda-, con un avance del 30,6% respecto al ejercicio anterior, 20 millones de euros más.
El impuesto grava el aumento del valor de un bien inmueble cuando cambia la propiedad, ya sea mediante compraventa, herencia o donación. Por ejemplo, alguien compró una vivienda en 2007 y hoy la vende. Desde entonces hasta el momento actual, el valor catastral es muy probable que se haya revisado al alza. Sobre esa revalorización tendrá que aplicar el porcentaje que haya decidido el ayuntamiento en el que esté ubicado dicho bien inmueble, que puede llegar hasta el 30%.
También los efectos de la crisis se dejaron notar en este capítulo. En 2009, los 88 municipios canarios alcanzaron a través del impuesto de plusvalías una recaudación conjunta de 47,5 millones de euros, la menor de los últimos diez años. La pérdida de rentas y ahorros desatada por el incremento del desempleo y el cierre del grifo financiero ralentizaron el cambio de manos de las propiedades.
Incluso se disparó el rechazo a los bienes heredados por la carga fiscal que conllevaban. En este caso, el impuesto de plusvalías se sumaba al de sucesiones y a los gastos derivados de los preceptivos cambios en el Registro de la Propiedad. De esa cantidad mínima se ha pasado en solo seis años a los 85,7 millones recaudados en 2015, un escandaloso 80,4% más.
En detalle, para determinar la base imponible se utiliza como punto de partida el valor catastral. En el caso de un piso, sería la parte proporcional que le corresponde del total del suelo sobre el que está levantado el bloque de viviendas. A esta cantidad se aplican unos porcentajes que varían en función de los años que han transcurrido desde que fue adquirido y al resultado de esa operación se le aplica a su vez el tipo fijado por el ayuntamiento.
Según esa fórmula, la cuota a pagar por el vendedor que transmite un terreno valorado en 50.000 euros que adquirió hace quince años llega a superar los 6.000 euros en algunos municipios.
Para el asesor fiscal Orlando Luján, el incremento observado en este tiempo "se reduce a un absurdo, el impuesto vive alejado de la realidad". Se refiere con ello a la improcedencia de tomar como referencia un valor catastral que, en muchos municipios, se ha revisado al alza durante los últimos años. Es decir, mientras caían los precios de los inmuebles y el suelo por la ley de la oferta y la demanda -encontrar comprador resultaba en casos poco menos que imposible- los gobiernos municipales alentaban una revalorización sobre el papel que les permitía recaudar más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) además de por el de plusvalías.
Recuperar ingresos
El aumento de la recaudación por este concepto no es casual. Las administraciones locales están obligadas a observar un déficit cero en sus cuentas. Teniendo en cuenta que empezaron a decaer sus ingresos, entre otras cuestiones porque se redujeron las transferencias procedentes de administraciones de ámbito superior, era necesario buscar como fuera el dinero necesario para mantener en funcionamiento el aparato municipal.
Tanto es así, que el impuesto de plusvalías se convirtió en 2015 en el tercer bastión fiscal de los ayuntamientos isleños tras el IBI y el impuesto de circulación . Por vez primera adelantó al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), concepto por el que entraron en los ayuntamientos del Archipiélago 66,4 millones de euros, casi 20 menos que por el de plusvalías. Incluso estuvo a punto de alcanzar al que se liquida por los vehículos (89,9 millones de euros).
Sin embargo, "es contrario a derecho que te cobren más por una revalorización que en realidad no se produce", explica Luján. Según apunta, tras el crack de las economías occidentales, las viviendas "perdieron en algunos casos hasta el 30% de su valor o más". De ahí que "quienes compraron a un precio alto antes de estallar la burbuja inmobiliaria" sean los más afectados. Estos recurren por la vía administrativa ante los ayuntamientos, que desestiman sus demandas. Sin embargo, los tribunales de lo contencioso "les están dando la razón".
Sobre el futuro inmediato, el asesor fiscal sostiene que este año las haciendas municipales recaudarán aún más, "porque el mercado inmobiliario se está reactivando". Se venden más casas y con cada cambio de titularidad los municipios hacen caja.
