Normalidad en las oficinas bancarias de las Islas en el primer día tras la aprobación, el pasado viernes, del real decreto que regula el mecanismo para la devolución del dinero que cobraron de más a sus clientes en virtud de las cláusulas suelo. Las entidades financieras trabajan en articular el modo en que resolverán la cuestión, para lo que tienen un mes, mientras los expertos recomiendan a los usuarios no prescindir del asesoramiento.
"No más que otros días", coincidieron en afirmar los departamentos de comunicación de los bancos cuando se les preguntaba sobre si se había producido una avalancha de ciudadanos en demanda de información para conocer el modo en que podrán recuperar su dinero en virtud de la sentencia que dictó el 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Dicha decisión conminó a la banca española a reintegrar todo el dinero cobrado de más por efecto de las cláusulas suelo, contradiciendo al Tribunal Supremo. Este último había determinado que las devoluciones debían circunscribirse al periodo iniciado tras sus sentencias de mayo de 2013. Varios jueces españoles, tras no hallar coherencia en la doctrina del Alto Tribunal, decidieron elevar la cuestión a la Justicia europea.
Este fallo negativo para los intereses de los bancos españoles que incluyeron en los préstamos hipotecarios estos límites que impedían a sus clientes beneficiarse de los bajos tipos de interés fue recogido por el Gobierno central. La decisión comunicada el pasado viernes por el ministro de Economía, Luis de Guindos, fue articular un mecanismo extrajudicial para evitar colapsos en la Administración de Justicia.
"Papel mojado", explicó ayer la abogada María Luisa Martínez. También ella confirmó que no recibió muchas más llamadas desde el pasado sábado. En su opinión, la fórmula ideada por el Ejecutivo central no añade nada a lo ya existente. "Antes reclamabas y el banco tenía dos meses para contestar, ahora tienen tres; es otro palito en la rueda de los clientes", aseguró. Sí sonó más el teléfono del también abogado Francisco Nuez para interesarse sobre este asunto, cuestión que ya se produjo en los días posteriores "a la sentencia del 21 de diciembre del TJUE". Él entiende, como "muy posible", que en las próximas semanas "los ciudadanos pierdan el miedo" tras comprobar que la Justicia está de su parte.
En cualquier caso, ambos letrados destacaron la conveniencia de no afrontar el proceso de reclamación sin asesoramiento, con el fin de evitar "sorpresas indeseadas". Por ejemplo, aceptar ofertas que no se ajustan con plenitud a la realidad o iniciar procesos de reclamación en los juzgados que deriven en el pago de las costas. Al respecto, el también abogado Eugenio Rodríguez, de RP Abogados, recalcó la importancia de dirigirse primero al banco y, solo si no hay acuerdo con este, acudir a la vía judicial. "De lo contrario, se pueden allanar a la demanda y las costas [abogado y procurador] correrían por cuenta del cliente".
Facua-Consumidores en Acción lamentó ayer que el Gobierno haya regalado "una tregua" a la banca por la que obliga "de facto" a los usuarios a paralizar hasta cuatro meses la interposición de demandas judiciales para reclamar su dinero de la cláusula suelo, informa Efe.
Varias entidades consultadas afirmaron, sin embargo, que no tienen intención de apurar los plazos hasta el último día. Sí es seguro que no articularán respuestas colectivas, sino que cada caso se estudiará de manera particular y será potestad de las entidades financieras decidir si procede la devolución y en qué medida.
Algunos bancos comunicaron ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus cálculos sobre el impacto que sufrirán sus balances con las devoluciones. El Popular cifró en 229 millones de euros "el importe adicional a provisionar", que se suman a los 334 millones indicados en la información financiera del primer semestre de 2016. Sabadell descartó engordar la bolsa, mantuvo en 490 millones la cantidad total a pagar y anunció que peleará caso por caso. CaixaBank añadió 110 millones a los 515 ya provisionados, mientras que Bankia (214 millones) y BBVA (404 millones) se mantienen en las cantidades declaradas en diciembre.
