El secreto bancario helvético, uno de los rasgos más acrisolados y característicos de la portentosa banca suiza, y que le depararon una ventaja comparativa desde 1934 para la captación, depósito y gestión de grandes patrimonios y fortunas procedentes de casi todos los países del planeta, ha empezado a quebrarse con la entrada en vigor el pasado día 1 del proceso de transparencia e identificación de titulares de cuentas que deberá consumarse en septiembre de 2018.
Será entonces cuando se hará efectivo el compromiso suscrito en 2014 por las autoridades suizas con la treintena de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en 2015 con la Unión Europea (UE) para acabar con la opacidad y permitir el intercambio automático de archivos e información.
En cumplimiento de tales compromisos, las 266 entidades bancarias que operan en la Confederación Helvética comenzaron este mes a reclamar a los titulares extranjeros de cuentas sus datos personales identificatorios.
La garantía de estricta confidencialidad de la banca suiza fue un blindaje de secretismo y protección para numerosos inversores durante los últimos 83 años.
La instauración por ley del secreto bancario en plena Gran Depresión y durante el periodo de entreguerras, reforzada a su vez por la tradicional estabilidad sociopolítica del país y su reputación como país neutral, además de una proverbial tradición profesional y gestora, hicieron del sector financiero uno de las más pujantes actividades del país (aporta el 9,3% del producto interior bruto y ocupa a 167.000 trabajadores) junto con las industrias relojera, chocolatera, alimentaria y farmacéutica, entre otros ámbitos de actividad punteros.
Hoy Suiza es el país líder en gestión de fortunas privadas de ciudadanos no resistentes y, según las estimaciones de la Asociación Suiza de Banqueros (ASB), copa el 25% del negocio mundial en banca privada y grandes patrimonios. Los recursos depositados en el sistema financiero nacional se cifran en 6,6 billones de francos suizos (más de 6,15 billones de euros), y de ellos la mitad procede de otros países.
La renuncia de Suiza a la garantía de privacidad y anonimato de los flujos de capitales que llegan al país procedentes del resto del planeta no fue voluntaria. La numantina resistencia del país a levantar el secreto bancario claudicó en 2014, al cabo de seis años de que eclosionara la crisis económica internacional, por la creciente presión social sobre gobiernos y estados para acotar la evasión y elusión fiscales, luchar contra los paraísos tributarios y combatir el blanqueo de capitales, la corrupción y las tramas del delito organizado. Ante el riesgo de perder el estatus de plaza financiera internacional por la presión del G-20 y de la OCDE, Berna accedió a negociar. Antes, en 2009, Suiza quebró el compromisos de confidencialidad y aportó datos a EE UU de 4.4450 clientes de esta nacionalidad por la amenaza del Departamento de Justicia de EE UU de retirar la licencia bancaria en este país a los bancos suizos que no cooperasen. Hasta ahora la colaboración de Suiza se limitaba a intercambios con los países con los que tenía acuerdos para impedir la doble tributación y también accedía a las comisiones rogatorias judiciales por casos supuestamente delictivos y en los que la petición de información fuese nominal e individual y no genérica.
La renuncia al secreto será un desafío para la industria bancaria del país, que deberá adaptarse a la nueva circunstancia para seguir compitiendo en el mercado global. En todo caso, las fortalezas bancarias suizas no se circunscribían a su impenetrabilidad. El sector goza de reputación y prestigio por sus servicios avanzados y de alto valor añadido, se asienta sobre una economía próspera y un país de enorme estabilidad y reconocido estatus de neutralidad, y su moneda es sólida y actúa, al igual que el bono suizo, como valor refugio.
