Han tenido que pasar cuarenta años, y conmemorarse un atentado como el de Atocha, para que diversas voces hayan coincidido en reclamar que se rescate del limbo del olvido la figura de los abogados laboralistas de entonces. En un entorno social de resignada aceptación de la dictadura y un ambiente de violencia política "durísima, tremenda" contra quienes luchaban por la democracia, este colectivo de letrados aprovechó su marco de legalidad para dar cobertura a acciones -por supuesto ilegales- de lucha contra el régimen: "Vieron la realidad y tomaron partido", recordaron los asistentes al homenaje que se brindó el pasado martes a las víctimas de Atocha en el Colegio de Abogados de Las Palmas. El asesinato de los abogados del despacho madrileño es la prueba irrefutable de lo que arriesgaban al tomar partido: sus propias vidas.
Vidas cruzadas
De entre quienes sobrevivieron al régimen, se ha destacado estos días el papel de tres mujeres directamente vinculadas a aquellos acontecimientos: Manuela Carmena, Cristina Almeida y Francisca Sauquillo. Un libro, titulado Manuela, Cristina y Paca. Tres vidas cruzadas, analiza el papel que cada una de ellas jugó en sus respectivos despachos laboralistas. También en Canarias se cruzaron las vidas de otros tantos letrados, hombres en este caso. Entre ellos tres que bien pudieran dar título a otro libro: Carlos, Augusto y Nacho.
El último, Ignacio Cestau, llegó a las islas enviado por el propio despacho de Atocha, apenas unos meses antes de aquel fatídico 24 de enero de 1976. El Partido Comunista de Canarias les había pedido que enviaran a un especialista en derecho laboral para realizar, en Tenerife, lo que Carlos Suárez y Augusto Hidalgo Champsaur ya hacían en la isla vecina, junto a otros compañeros y con creciente éxito.
Nacho Cestau sigue en activo y fue el encargado de ofrecer la conferencia-homenaje a sus colegas, que tuvo lugar esta semana en "una ciudad tan lejana de donde ocurrieron los hechos". "Se nos denominaba laboralistas, pero hacíamos de todo", explicó: "Desde proteger a los trabajadores en un tiempo sin apenas derechos laborales, a asesorar a los movimientos vecinales por las malísimas condiciones de habitabilidad o defender a quienes eran acusados en los tribunales de orden público".
El ya fallecido Augusto Hidalgo, padre del actual alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presente en el acto, trabajó en el despacho jurídico de la calle Viera y Clavijo junto a otros destacados abogados igualmente fallecidos como Félix Parra y el más conocido de todos ellos, Fernando Sagaseta.
El único que aún vive es Carlos Suárez, conocido entonces con el apodo del Látigo Negro. Siempre embozado en su pantalón y blusa de ese color, con aspecto de gentelman espigado y fumador empedernido, este abogado laborista logró algunas de las más sonadas primeras sentencias favorables a los obreros ante los tribunales franquistas. Tras defender a aparceros, guagueros y portuarios, su detención durante la huelga del Puerto del 68 supuso su paso a la clandestinidad. Primero se exilió en Francia, posteriormente permaneció un largo tiempo oculto en su propia casa de El Piquillo hasta que, meses después de la matanza de Atocha, se legalizó el PC y a la actividad sindical. Se presentó a las elecciones del 77, por Pueblo Canario Unido, y a las del 79 bajo otras siglas sin lograr el acta de diputado. Abandonó a partir de entonces la política y regresó a la abogacía. Tras su paso por Guaguas Municipales, hasta su destitución en 1990 como gerente por desavenencias con el equipo de gobierno, abandonó definitivamente la vida pública y publicó en 2006 una autobiografía bajo el título Mañana será mejor.
¿Quién relata el pasado?
"Los historiadores están en deuda con los despachos laboralistas. Es un déficit de nuestra historiografía", reivindicó Ignacio Cestau en su conferencia. Y el público asistente asintió. Aunque reconocieron que, con motivo del 40 aniversario de aquellos asesinatos, "es la vez que más tiempo y espacio se dedica al relevante, imprescindible, papel que jugaron los abogados laboralista en la lucha por la libertad".
Hay, por supuesto, historiadores que han registrado al detalle aquel tiempo y algunos, no todos, aquellos nombres. Pero la sociedad canaria apenas ha retenido en su memoria colectiva a los pocos luchadores, más o menos anónimos, que arriesgaron sus profesiones, su tranquilidad y sus vidas en un tiempo en que nadie luchaba contra la mediocridad de quienes gobernaron el régimen: "Lo cierto es que tuvimos enfrente un enemigo de pésima categoría", recordó en su día el dramaturgo catalán Albert Boadella.
Si como dijo el filósofo Richard Rorty, "la lucha por el relato del pasado es la lucha por el liderazgo político", cabría preguntarse a qué fuerza ha fortalecido la amnesia colectiva que ha llevado a silenciar de esta manera, o en el mejor de los casos minimizar, el significativo papel que jugaron en la transición los abogados laboralistas, vinculados en mayor o menor medida al PC, prácticamente el único que se movilizó contra Franco en el franquismo. De ahí que los asistentes al homenaje celebrado en la capital grancanaria, reclamaran este martes a su alcalde, Augusto Hidaldo, que recupere la memoria de aquellos hombres y mujeres, entre los que se encuentra su padre.
Además no solo la historia, tampoco el sindicalismo ha saldado aún la deuda que tiene contraída con los laboralistas del franquismo. Y pese a su participación en los pocos homenajes que hoy se les rinde, el relato oficial sindical sigue obviando esa parte de su historia, en la que se encuentran sus raíces morales y éticas. ¿Se asienta en ese olvido el origen de la deriva actual de los sindicatos actuales?
