La mayoría del medio centenar de viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb -más conocida como banco malo-, cedió a la Comunidad Autónoma para que se destinara a alquileres sociales estaba, directamente, inservible. Tan es así, que el equipo que estaba al frente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias antes de la ruptura entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, equipo que dirigía la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, la socialista Patricia Hernández, estudiaba denunciar el convenio con la Sareb.
En noviembre de 2015, la propia Hernández y el director general de Desarrollo Corporativo de la sociedad instrumental del Estado, Óscar García, suscribieron el convenio en virtud del cual el banco malo ponía a disposición del Ejecutivo autonómico un total de 50 viviendas que tendrían que destinarse para alquileres sociales. Las casas o pisos en cuestión se ubicaban en Gran Canaria, un total de 15; Tenerife, 13; Lanzarote, 12; y Fuerteventura, 10. En octubre del año pasado, es decir, casi un año después de la rúbrica del convenio entre la Sareb y la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), empresa dependiente de la consejería que hoy lidera la nacionalista Cristina Valido, ni una sola de las viviendas se había puesto a disposición de familias necesitadas de las Islas. No en vano, la mayoría de las casas estaba "inservible" u "okupada", tal como han revelado a este diario fuentes del anterior equipo de Vivienda y de Visocan. "Estaban en zonas alejadas, okupadas o en mal estado; en definitiva, eran inservibles", explicaron.
Se veía venir
De hecho, el departamento de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ya dejó entrever los problemas que estaban surgiendo con las casas cedidas por el banco malo en una respuesta parlamentaria. "El listado aportado por la Sareb está siendo sometido a discusión por no seguir el espíritu del convenio de aportar viviendas en las zonas de preferente localización. No se ha entregado ninguna vivienda porque están en proceso de revisión y adecuación para su ocupación", expuso entonces la consejería que aún dirigía la ahora presidenta del grupo parlamentario socialista. Ya antes, en agosto, el Gobierno regional se veía obligado a trabajar para poner en adecuadas condiciones prácticamente la mitad (24) de las 50 viviendas, la mayoría situadas en los municipios de Arrecife (siete), Santa Lucía de Tirajana (seis) e Ingenio (tres), todas las cuales se encontraban en mal estado cuando fueron recibidas por Visocan.
Según han detallado fuentes del anterior equipo al frente de la Consejería, desde el departamento -y en concreto desde Visocan- se pidió primero y exigió después a la Sareb que se solucionaran todos estos problemas, que impedían la utilización de las viviendas. De hecho, el equipo saliente estudiaba denunciar el convenio con la sociedad instrumental cuando se produjo la ruptura entre nacionalistas y socialistas el pasado 23 de diciembre.
La situación con que se encontró la Consejería de Vivienda autonómica tras la firma del convenio con la Sareb no es, sin embargo, nueva; ni mucho menos. De hecho, son varios los gobiernos regionales que han denunciado, incluso públicamente, el mal estado de las casas cedidas por el banco malo, muchas de las cuales también estaban, como en el caso de Canarias, okupadas. Es, por tanto, la misma situación que se encontraron, por ejemplo, el Gobierno balear o el Gobierno de Madrid. En el primer caso, la Consejería de Vivienda del archipiélago balear tuvo que exigir que se reemplazaran las casas inhabitables; en cuanto a Madrid, el Ejecutivo que lidera Manuela Carmena se vio obligado a devolver 85 de las viviendas que el banco malo había puesto a disposición de la comunidad por los mismos motivos.
