La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha sancionado a nueve bodegas canarias -ocho tinerfeñas- por fraude en la elaboración de vino con Denominación de Origen Protegida (DOP). El departamento que dirige Narvay Quintero constató que una de esas empresas utilizó uva importada para producir su caldo, mientras que las multas para el resto llegaron por no haber podido demostrar el origen de la uva o por no llevar de forma adecuada los libros de registro, entre otras causas.
Fueron los propios productores quienes alertaron al Ejecutivo autonómico de que la caída de la producción de uva -un 50% de media con respecto a 2015- podría producir un incremento de las infracciones en el sector, por lo que se intensificó la vigilancia.
Quintero explicó que la importación de uva foránea está permitida en el Archipiélago para elaborar vino a granel, pero prohibida para producir vino con Denominación de Origen Protegida. La consejería realizó un seguimiento de las partidas que entraron en el Archipiélago entre septiembre y octubre del año pasado e inspeccionó 53 bodegas que habían adquirido grandes cantidades de esta fruta.
El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, apuntó que en las inspecciones realizadas se comprobaron las materias primas utilizadas, las prácticas enológicas realizadas, los registros, el etiquetado y los parámetros físico-químicos del vino elaborado.
Según los datos obtenidos en los Puntos de Inspección Fronteriza del Archipiélago, entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre del año pasado, entraron en las Islas alrededor de 600.000 kilos de uvas. La mayoría de ellos, para Tenerife. El ICCA siguió el rastro del 88% del total de la uva importada, teniendo en cuenta las bodegas que adquirieron fuera de las Islas cantidades importantes de este producto.
José Díaz Flores calificó el nivel de fraude como "testimonial", ya que solo nueve de las 210 bodegas que existen en Canarias infringieron las normas. De las 600 toneladas de uva foránea que llegaron al Archipiélago, solo unas 20 fueron mal utilizadas. Los infractores podrían llegar a pagar entre 4.000 y 150.000 euros de multa.
Asimismo, el organismo que dirige Díaz Flores también trasladó al Cabildo de Tenerife los datos de las importaciones de uva que se habían producido durante este periodo, para saber si alguno de los compradores era un guachinche. El objetivo era atajar también el fraude en este segmento, ya que estos establecimientos tienen prohibido vender vino que no sea de su propia producción. Sin embargo, el instituto concluyó que ninguno de ellos habían realizado compras de uva foránea durante el periodo analizado.
