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La hiper burocratización obliga a quitar dos leyes por cada una nueva

Un estudio de Corporación 5 y Fundación DISA insta a aplicar el 'criterio 2x1' para reducir el papeleo que lastra la economía

La hiper burocratización obliga a quitar dos leyes por cada una nueva

El exceso de burocracia ha llegado a tal punto que es necesario suprimir dos leyes por cada una que se promulgue para aligerar la carga de papeleo que implica invertir o desarrollar un proyecto empresarial en la Comunidad Autónoma. La aplicación del llamado criterio 2x1 "situaría a Canarias en la senda de la simplificación administrativa" y permitiría embridar las consecuencias de un bloqueo burocrático que ha provocado que el periodo de maduración de una inversión, es decir, el tiempo que transcurre hasta que esta se materializa, supere en las Islas los diez años, tal como vienen denunciado las patronales del Archipiélago. Esta es una de las conclusiones del análisis La producción normativa en Canarias, un trabajo de Corporación 5 y la Fundación DISA que se presentó ayer en Santa Cruz de Tenerife.

El informe de la fundación y de la consultoría que preside José Carlos Francisco, también presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en Tenerife (CEOE-Tenerife), expone que la Administración autonómica promulgó entre 1982 y 2015 unas 14.000 normas jurídicas, incluidas leyes territoriales, reglamentos parlamentarios, decretos legislativos, decretos del Gobierno, órdenes, etcétera. En otras palabras: el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó en cada uno de esos años una media de 411 normas, es decir, alrededor de 34 al mes y más de una cada día. En el mismo periodo se promulgaron unas 100.000 normas de rango europeo y alrededor de 41.000 de alcance estatal, de modo que son 155.000 las leyes publicadas en esos 34 años que afectan al Archipiélago en mayor o menor grado. Además, y pese a las constantes reivindicaciones del empresariado para que se aligere la burocracia, el trabajo hecho público ayer también concluye que la "tendencia" es "seguir generando regulación en todos los sectores, en todos los ámbitos y en todas las administraciones".

En el caso de la Comunidad Autónoma hay que puntualizar que los primeros años de vida del Estatuto de Autonomía fueron años de gran actividad legislativa, lo que podría explicar buena parte de las cifras. Sin embargo, el análisis descubre que el contexto no sirve para explicar, por el contrario, casos como el de 2003, cuando se promulgaron hasta 22 leyes territoriales, el "paradigma del disparate", según el documento. Es más, el estudio, que presentaron el propio José Carlos Francisco y el presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja, revela que el año de mayor actividad normativa en la región fue 2007, cuando las normas con rango de ley y las distintas modalidades reglamentarias -órdenes, decretos del Gobierno y del presidente, etcétera- sumaron un total de 618. Es más, en ningún otro año superó el conjunto de nuevas normas las 600, ni siquiera en los años del proceso de descentralización y de la transferencia de competencias a los cabildos.

Así pues, los redactores del informe juzgan que ni Canarias ni España "están siguiendo las pautas marcadas por Europa en cuanto a la simplificación normativa". En este sentido, y con el objetivo de reducir el "coste" y "esfuerzo adicional" que acarrean a las empresas y los ciudadanos las "cargas burocráticas innecesarias", la consultoría y la fundación apuestan por refundir leyes en un solo texto y la supresión de normas jurídicas obsoletas. Francisco apuntó en esta línea la importancia de que las distintas administraciones se marquen una hoja de ruta al respecto, por ejemplo, a partir del criterio 2x1 o por medio de la revisión exhaustiva de la maraña administrativa. Eso sí, el informe puntualiza que mejorar el marco legislativo no significa desregularizar, sino "reducir lo innecesario". "La legislación debe ser una herramienta para contribuir al cumplimiento de objetivos económicos, sociales y medioambientales, y no un obstáculo que perjudique a la sociedad en términos de crecimiento y empleo", concluye el análisis. "La reducción de burocracia por sí misma no supone una pérdida de control ni un aumento de la picaresca", enfatizó Raimundo Baroja.

El presidente de la Fundación DISA destacó que la colaboración con la consultoría Corporación 5 pretende aportar "análisis precisos sobre factores que afectan directamente a la economía canaria de cara a mejorar la información para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito público y privado".

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