El Estado debe pagar 12 millones a DISA por las pérdidas en la venta de butano en Canarias

La negativa de la Abogacía del Estado a recurrir la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por la

Sala de lo Contencioso Administrativo supone para DISA Gas un paso adelante en su reivindicación para que se reconozca la singularidad canaria en una nueva regulación del GLP, teniendo en cuenta que el sistema actual supone unas pérdidas anuales para la entidad de en torno a los 3 millones de euros, "generando una situación que no se puede mantener en el tiempo", señala la compañía en un comunicado.

La reclamación de DISA -única operadora para distribución de gas licuado de uso doméstico e industrial en el Archipiélago- se ampara además en la anulación en junio de 2012, por parte del Tribunal Supremo, de la Orden de Industria Turismo y Comercio 2608/2009, argumentando como motivos principales las pérdidas ocasionadas a las empresas operadoras del sector, al producir un desfase entre los costes incurridos y los ingresos procedentes de la venta del producto al consumidor. Asimismo, reconoce que se trata de unas pérdidas cuya recuperación no está garantizada.

La Audiencia Nacional establece en su sentencia inicial el pago por parte del Gobierno de España de 9,3 millones de euros a DISA Gas, cuantía que se ha visto incrementada hasta los 12 millones de euros como consecuencia de los intereses de demora generados desde 2009.

DISA Gas confía "en que esta sentencia sirva de precedente de cara al recurso que ha presentado contra la nueva Orden del actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (IET 389/2015), que regula el precio de venta del GLP envasado, en la que tampoco se tiene en cuenta los costes añadidos que se generan en las Islas" y que le supone unas pérdidas anuales de 3 millones de euros.