La acusación popular en el caso de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid y Bankia, y con las que 65 exconsejeros y exdirectivos sufragaron gastos particulares por un monto de 12 millones de euros, pedirá el lunes la entrada en prisión de Miguel Blesa (expresidente de Caja Madrid) y Rodrigo Rato (su sucesor en Caja Madrid y primer presidente de Bankia) tras haber sido condenados a seis años de cárcel, el primero, y a cuatro años y seis meses, el segundo, como autores de delitos continuados de lucro y apropiación del patrimonio de ambas entidades financieras.
La fiscalía anticorrupción anunciará el lunes su posición, aunque parece que podría inclinarse por la petición de medidas cautelares, como la imposición de fianzas, retirada de pasaportes y obligación de personarse periódicamente en los juzgados, lo que permitiría a los principales condenados eludir la cárcel hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que Rato y Blesa ya confirmaron que interpondrán en los cinco días de plazo de que disponen los 65 condenados.
El ingreso en prisión de banqueros no ha sido una imagen frecuente en España, y no tanto por ausencia de motivos como por una relajación en las exigencias (que se ha invertido en los últimos años por el repudio y la crispación social) y por el atesoramiento de influencias de un sector que, más aún en el pasado que ahora, se insertó en el corazón mismo del entramado del poder.
En el pasado la persecución a los banqueros fue más por discrepancias políticas que por motivos económicos. El general Primo de Rivera confinó a Fuerteventura en 1924 al poderoso José Gómez-Acebo Cortina, presidente de Banesto, por haber cuestionado al Directorio, pero la orden de prisión dictada un año más tarde contra el marqués de Aldama y el conde de los Gaitanes por la quiebra del banco Unión Minera, de Bilbao, se resolvió apartando al juez Pedro Navarro de la causa.
Durante la II República el magnate mallorquín Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, fue encarcelado por contrabando y fraude, pero el banquero permaneció una corta temporada en prisión: sobornó a los funcionarios y huyó a Gibraltar.
Durante la Guerra Civil permaneció encarcelado en zona republicana Estanislao de Urquijo, presidente del Banco Urquijo, pero se zafó cuando el Gobierno de Negrín le encomendó una gestión internacional en Bruselas.
Juan Lladó, consejero delegado del Urquijo, y banquero de talante liberal e intelectual, fue encarcelado por Franco en 1939 por su colaboración con la República, y sólo logró la libertad en los primeros años 40.
La entrada en prisión en 1967 de los banqueros Ramón Rato Rodríguez San Pedro y su hijo Ramón Rato Figaredo (Banco de Siero y Banco Murciano) por delitos monetarios fue un caso excepcional: el delito existió pero la venganza política de la familia Franco -como dijeron los Rato- también fue cierta. Los Rato admitieron que evadían divisas como "hacían los demás", pero sólo ellos alardeaban de su antifranquismo de derechas y sólo ellos embargaron por un crédito a un hermano de Franco.
La gran crisis bancaria española de 1977-1985, que supuso la desaparición de 56 de los 110 bancos privados (y no cajas) del país, y que entrañó un coste para los ciudadanos equivalente a 8.414 millones de euros (acrecentado con el poder adquisitivo de entonces), se saldó sin que los responsables pasaran por prisión, como lamentó, en una conversación privada, un gobernador del Banco de España de la época.
Los casos de José María Ruiz-Mateos (dueño de 18 bancos) y Mario Conde (Banesto), encarcerlados por haber llevado a la ruina a sus grupos y por otras irregularidades, son ejemplos de que no siempre la opinión pública estuvo del lado de la persecución de los delitos: ambos gozaron de la simpatía de amplios sectores populares, convencidos de que eran víctimas de una persecución por el sistema político. Javier de la Rosa fue otro gran protagonista de las luchas bancarias y de los juegos peligrosos que acabó en prisión pero previamente se había librado por casos como el de la Banca Garriga Nogués.
Manuel de la Concha (Ibercorp) y Mariano Rubio (un prestigioso gobernador del Banco de España) entraron en prisión por delitos fiscales. Pero los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer (Banco Zaragozano y Banco Central) eludieron la prisión pese a una condena judicial. Alfredo Sáez (Santander) fue condenado a seis meses de prisión por denuncia falsa contra unos deudores de Banesto en 1994 pero fue indultado por Zapatero.
La crisis y saqueo de algunas cajas protagoniza ahora un nuevo desfile carcelario: ya han pasado por prisión Miguel Blesa (Caja Madrid) y Roberto López Abad y Daniel Gil (CAM), y están en ella cinco exdirectivos de Novagalicia Banco. También fue condenado a prisión un ex director general de la financiera Eurohypo, y la cúpula de Caixa Penedés pagó 28 millones para eludir la prisión.
