Los municipios canarios se enfrentan a tener que devolver el importe de la liquidación del impuesto de plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Iivtnu, en su denominación exacta) que se deriva de 28.900 operaciones de compraventa o herencias realizadas entre 2013 y 2016. Son el 5,2% de las 549.400 detectadas por la sociedad de tasación Tinsa en toda la geografía española.
Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 16 de febrero declara improcedente la liquidación de este impuesto, que grava la revalorización de los bienes inmuebles desde el momento de la compra hasta su siguiente venta, cuando no existe incremento del valor. Durante los años de la crisis, tanto las viviendas como el suelo se depreciaron en el mercado. "En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", detalló la decisión de la que fue ponente la resolución, de la que fue ponente la vicepresidenta del TC, Adela Asua.
Muchos ayuntamientos, en busca de revitalizar unas arcas maltrechas por la fuerte caída de ingresos decidieron revisar sus respectivos catastros. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) perdió fuelle por el cierre de una gran cantidad de negocios y había que encontrar un tapón para dicha herida.
De ahí que las revisiones catastrales tuvieran el denominador común de producirse al alza, lo que determinaba que viviendas y solares ganaran valor sobre el papel. Eso alimentó un aumento de la presión fiscal que soportan los ciudadanos tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como en el de plusvalías. En el caso de este último, cuando la realidad en la inmensa mayoría de los casos llevaba a los propietarios a asumir pérdidas en el caso de querer o tener que desprenderse de parte de sus patrimonios.
De Guipúzcoa al resto de país
El fallo del Constitucional se produjo como consecuencia de una cuestión planteada sobre varios artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa, pero todos los munícipes han entendido que su efecto se extenderá con rapidez. "Es cuestión de tiempo que se resuelvan en el mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados relativas a la legislación de ámbito estatal", señaló esta semana Tinsa en referencia al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
El propio Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tras reconocer como injusto que los ciudadanos tuvieran que pagar por unas plusvalías que solo existían en la teoría, ha solicitado una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Los ayuntamientos se enfrentan a tener que devolver todo lo cobrado desde 2013, es decir, lo que no ha prescrito por el paso de los cuatro años que envían al limbo del olvido la mayor parte de las relaciones con el fisco en ambos sentidos. Lo advirtió el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez, esto obliga a revisar la financiación municipal o, lo que es lo mismo, a que Montoro abra la mano para no asfixiar el día a día de las administraciones locales.
"Reforzará el clamor del municipalismo", advirtió el edil santacrucero. Dicho y hecho. El miércoles, once ayuntamientos de toda España, además de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, consensuaron un documento de mínimos que trasladarán al ministro de Hacienda para que se revise la regla de gasto, esa herramienta con la que el Gobierno central ata en corto el déficit y que muchos municipios consideran "nociva" por impedir las inversiones. Incluso aleja la posibilidad de echar mano de los remanentes presupuestarios arrastrados de ejercicios anteriores.
De ahí la preocupación de los alcaldes y concejales ante la posible llegada de una avalancha de reclamaciones que vacíen más la caja común. En buena lógica, las más afectadas son las localidades más pobladas, como avanzó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Canaria de Municipios y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández. Mientras, Juan José Martínez explicó que este impuesto de plusvalía "no es el más fundamental" desde el punto de vista recaudatorio, "pero sí supone una cantidad importante".
Como ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto ingresar este año -el repunte del valor de los inmuebles vuelve a dar vigencia al tributo- 7,1 millones de euros por este concepto, el 2% del presupuesto total de ingresos, en el que también se incluyen la fiscalidad indirecta o las transferencias corrientes, entre otros conceptos.
En la división provincial ofrecida por Tinsa, 15.300 de las operaciones susceptibles de reclamación se sitúan en Las Palmas y 13.600, en Santa Cruz de Tenerife.
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