La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, asumió ayer el veto del Gobierno central a la iniciativa legislativa del Parlamento balear para establacer en ese archipiélago la denominada tarifa plana para que los residentes viajen entre las islas. La medida, según el Ejecutivo, supondría un incremento del gasto presupuestario de más de 30 millones. Además, también habría que aplicarla a Canarias, lo que ya supondría quintuplicar "ese esfuerzo presupuestario".
