A dos días de su entrada en vigor, el Ministerio de Fomento ha pospuesto la decisión de imponer precios medios a los billetes aéreos, lo que de facto habría supuesto establecer límites máximos a partir de los cuales no se iba a hacer cargo de la subvención del 50% en el transporte aéreo de los grupos de residentes canarios integrados por más de nueve personas. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez Valido, tras conocer ayer la decisión del departamento que dirige Íñigo de la Serna, celebró que Madrid "haya dado un paso atrás".
Hace tres semanas, sendas delegaciones canaria y balear se reunieron con responsables de la Dirección de Aviación Civil. En dicho encuentro, explicaron a los representantes de la Administración central que el modo en que se pretendía atajar el fraude era "injusto", detalló Rodríguez Valido, ya que impactaba directamente en el bolsillo de quienes se decantan por disfrutar de los viajes del Imserso, de grupos folclóricos o deportivos, entre otros, que nada tienen que ver con los abusos detectados en el pasado.
"Fomento señala su firme compromiso con el mantenimiento del descuento del 50% en el billete aéreo para los residentes no peninsulares", explicó este viernes el ministerio a través de un comunicado, en el que reseñó que se dedican 320 millones de euros anuales a este capítulo. No cabía otra línea de actuación, sobre todo después de que esta misma semana la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, acordó con el presidente canario, Fernando Clavijo, los detalles de la parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) que disfrutan las Islas. En el nuevo texto, que se aprobará en breve, aparece precisamente que correrá por cuenta del estado el 50% del precio de los billetes que adquieren los canarios para ir a la Península.
El ministerio reconoce que esta subvención constituye un "elemento clave para facilitar la conectividad de los ciudadanos (...), para los que el modo aéreo desempeña un papel fundamental", si bien anunció la puesta en marcha "de forma inmediata" de nuevas actuaciones para luchar contra el fraude. Sin embargo, de la tabla rasa que planteaba al inicio y que afectaba tanto a defraudadores como a quienes no lo son, ha pasado a una política selectiva que busca sancionar a quienes realmente hacen un uso espurio del dinero público.
"Contratos de empresa, grupos, turoperación, así como agencias de viajes" serán los escenarios sobre los que se pondrá la lupa y cualquier indicio de fraude se pondrá "en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal", destacó Fomento en su comunicado.
El Gobierno canario, junto al balear, participará en una mesa sectorial con el ministerio en la que se analizarán qué nuevas medidas pueden incorporarse para descubrir a los tramposos "sin impactar de forma negativa a los residentes" que, en su inmensa mayoría, cumplen con la ley y reciben la subvención del 50% porque no tienen otro remedio que volar para desplazarse a otro punto del Estado español.
