El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos firmaron ayer en Madrid un acuerdo por el que se realizará este año un oferta de empleo público de unas 67.000 plazas para compensar bajas y jubilaciones. Aunque no supondrá creación de empleo neto, hará que por primera vez desde 2010 la plantilla pública se mantenga sin recortes. El Gobierno también se compromete a aplicar un plan para aliviar la elevada interinidad laboral en las administraciones públicas, reduciéndola del 25% actual al 8% mediante la conversión en tres años del 90% de las plazas interinas de las administraciones públicas en fijas.
El Ejecutivo no cuantificó el número de plazas a las que afectará la conversión de empleo interino en fijo, pero los sindicatos calculan que oscilará entre 250.000 y 290.000 en el trienio. En la actualidad hay 300.000 interinos en las administraciones públicas, en Canarias sólo en la administración autonómica superan los 18.000 y si se suman las corporaciones locales alcanzaría los 40.000.
Los sindicatos vincularon esta oferta de empleo público -que será la mayor de la etapa democrática- a la reciente sentencia europea que impuso a España la equiparación de las indemnizaciones por rescisión del empleo público interino con el fijo.
El Gobierno avanzó a su vez una subida salarial para los funcionarios del 1% para este año, análoga al incremento que ya se aplicó en el pasado ejercicio.
Los sindicatos de la función pública expresaron ayer su conformidad con la oferta de empleo pero expresaron su descontento con la revisión salarial por su insuficiencia. Según la inflación prevista para este año (1,4%, según el Gobierno), un incremento del 1% supondrá que los 2,52 millones de empleados públicos (116.276 en Canarias en todas las administraciones) perderán poder adquisitivo un año más.
Después del acuerdo, cada comunidad autónoma y corporación local tendrá ahora capaci-dad para negociar la convocatoria de plazas fijas para convertir las interinas.
De las 67.000 plazas que saldrán este año, 19.000 serán en la Administración General del Estado, 28.144 en las comunidades autónomas y 20.000 en las entidades locales. Respecto a la conversión de plazas interinas en fijas, la oferta beneficiará a sanidad (129.000), educación (98.807), justicia (8.564), servicios sociales, policía local y otros. La reposición por vacantes, será del 100% en sanidad, educación, justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público, seguridad y emergencias, y sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios. En el resto de los casos será del 50%.
