La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), el conocido como banco malo, tiene hasta noviembre de 2027 para colocar su cartera de activos. Según los datos del último informe emitido por la entidad que preside Jaime Echegoyen, en el primer semestre del año pasado se vendieron 318 productos en el Archipiélago, lo que daría para terminar justo a tiempo con las 3.009 existencias actuales. La duda estriba en saber en qué medida crecerá el stock según vayan materializándose en inmuebles los activos financieros de los que también ha de despojarse la Sareb.
Fuentes del banco malo detallaron ayer que, en el momento de su constitución, el 80% del capital lo integraron préstamos de dudoso o imposible cobro, mientras que solo el 20% restante eran bienes inmuebles. Esos créditos tóxicos, "nunca de particulares", aclararon dichas fuentes, se correspondían, por ejemplo, con capital facilitado por las cajas de ahorro a empresas para la gestación de promociones de viviendas que quedaron a medio hacer ante la imposibilidad de hallar comprador toda vez que la crisis económica estalló con toda su fuerza.
En una visita realizada en octubre del año pasado a la capital grancanaria, Echegoyen afirmó que el Archipiélago es una de las comunidades autónomas que han mostrado mayor dinamismo a la hora de invertir en los productos que el banco malo pone a la venta. En tres años y medio, ha vendido en Canarias 2.000 viviendas y 433 parcelas a través de sus comercializadoras: Solvia, Altamira, Haya Real Estate y Servihabitat.
154 activos en medio año
En la primera mitad de 2016, salieron de los balances en las Islas 154 activos. De ese total de operaciones, 97 fueron viviendas vendidas (2.763 en toda España), 44 de los negocios que se cerraron tenían por objeto casas destinadas al alquiler, otros ocho de los activos colocados eran suelos y los cinco restantes se correspondieron con locales comerciales, oficinas o parcelas de uso industrial. Con ese ritmo de venta, serían necesarios 9,4 años para dejar a cero el stock.
Daría tiempo por tanto a cumplir con la ley que regula el funcionamiento de la Sareb (con ese limite de noviembre de 2017), con el importante pero de conocer en qué medida engordará el inventario de existencias en la medida en que logren terminarse las viviendas que quedaron a medias.
En dinero y exceptuando los alquileres, las Islas acapararon el 3,7% de los ingresos obtenidos entre enero y junio de 2016 por venta de viviendas, lo que en números absolutos supuso 8,1 millones de euros. Las parcelas sin edificar aportaron desde Canarias el 1,7% del total del capital que llegó a través de este capítulo en ese mismo periodo de tiempo o, lo que es lo mismo, 1,9 millones de euros. El mayor protagonismo lo alcanzaron las Islas en el capital que la colocación de locales comerciales, oficinas y naves industriales aportaron a la Sareb. Los tres millones de euros supusieron el 10,2% de los 29 millones de euros totales.
La mencionada visita del presidente de la Sareb de la última parte del pasado año respondió a una invitación de la vicepresidenta de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), María de la Salud Gil. Los empresarios del sector de las Islas requieren que las existencias de la Sareb disminuyan a la mayor velocidad posible para que el objeto de su negocio recobre el pleno sentido. En la medida en que la oferta continúe siendo alta, no hay necesidad de nuevas construcciones.
Precisamente, el Gobierno de Canarias ha reactivado en las últimas semanas los contactos con la banca con el fin de comprar parte de las casas vacías que tiene en su stock. El objetivo declarado es hacerse con la propiedad para destinarlas a alquileres sociales, esto es, a familias cuyos ingresos se sitúan por debajo de los 11.000 euros anuales. Al mismo tiempo, aseguran que se mantiene en el horizonte la construcción de nuevos inmuebles con el mismo fin. Según los últimos datos oficiales, en todo el Archipiélago existen 14.000 demandantes de vivienda.
Durante la etapa de la socialista Patricia Hernández al frente del departamento, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Bankia y el banco malo para dedicar parte de sus existencias inmobiliarias a alquileres para los canarios más desfavorecidos. Sin embargo, aquel diálogo, que se plasmó en un convenio, no llegó a buen puerto. Según fuentes del Gobierno canario, muchos de los pisos facilitados por la Sareb tenían desperfectos que los hacían inservibles.
