La Dirección General del Catastro trabaja en un nuevo modelo de valoración de los bienes inmuebles con el propósito de que sustituya, al menos en parte, al valor catastral que ahora se utiliza en las liquidaciones y comprobaciones de los principales tributos de ámbito local y autonómico: IBI y plusvalías, en los ayuntamientos, e impuestos de sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales en el caso de las comunidades. El proyecto consiste en obtener un tipo de tasación más flexible y que se pueda actualizar con frecuencia anual según las circunstancias cambiantes del mercado inmobiliario, para evitar, según el Catastro, situaciones de injusticia tributaria como las que han sido frecuentes durante esta crisis.
La utilización de los valores catastrales para el pago de los tributos que afectan a la vivienda u otras propiedades inmobiliarias ha generado paradojas como la siguiente: el comprador de un piso usado paga 100.000 euros por la vivienda, pero tributa como si el precio hubieran sido 120.000. Eso ha sido posible porque el valor catastral o los coeficientes que se aplican sobre él no reflejaban a menudo la caída de los precios en el mercado. Esto es, los inmuebles se depreciaron, pero la carga tributaria relativa sobre una compraventa resultaba en realidad mayor que en plena burbuja inmobiliaria.
El desfase entre los valores catastrales y los de mercado han afectado también en estos años a los contribuyentes del impues- to de sucesiones, porque la vivienda está presente en casi todas las herencias, y a los del impuesto municipal de plusvalías (propietarios que vendieron viviendas u otros bienes).
"Se hace necesario acometer una reforma de los sistemas de valoración, buscando su simplificación y flexibilidad, para conseguir conocer cuál es el valor de mercado de los inmuebles, valor que sea la base de una política tributaria más justa", señala la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, en un resumen de su Plan de Objetivos 2017. Ahí se refleja que la elaboración de un nuevo modelo de valoración es uno de los grandes asuntos estratégicos del organismo, si bien no concreta una fecha sobre su utilización a efectos tributarios.
Última actualización
En otros textos técnicos se esboza que el nuevo valor se actualizaría cada año según las zonas y el urbanismo de cada municipio, para reducir las "rigideces" y costes del sistema actual, basado en revisiones catastrales que por lo común se realizan cada diez años o más. de hecho muchos de los 20 municipios canarios que este año han logrado autorización de Hacienda para la actualización de su catastro no acometían una revisión desde hace 18 años, como es el caso de Betancuria. Bien es cierto que en no todos ellos sube. En cuatro de los siete municipios de Las Palmas que se pusieron manos a la obra baja - Artenara, Tejeda, La Aldea y Haría-, sube el coeficiente en Betancuria, Yaiza y Santa Brígida.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife la revisión afectó a 13 municipios: el coeficiente subió en tres -El Rosario, Tazacorte y Güímar-.
Hacienda ya introdujo desde 2013 un procedimiento exprés para que los municipios actualicen sus catastros mutiplicando los valores en vigor por un coeficiente común a todo el territorio municipal y que depende de la fecha de la última revisión general. El uso de ese mecanismo, unido a las revisiones convencionales y a las políticas de lucha contra el fraude para detectar construcciones no declaradas (las últimas con uso de drones), ha hecho que en plena crisis se disparasen los valores catastrales medios.
