Uno de cada diez hogares del Archipiélago están acogidos al bono social de la luz. O lo que es lo mismo: de los 1,18 millones de consumidores eléctricos existentes en Canarias, un 9,52% (113.269) se benefician de un descuento del 25% en su factura eléctrica al presentar escasos ingresos. La mayor parte de los beneficiarios de esta herramienta se sitúan en la provincia occidental, donde 61.916 clientes se amparan en ella, frente a los 51.353 de la demarcación oriental, según los datos relativos al pasado mes de febrero facilitados por la compañía eléctrica Endesa. El Estado envió a las comunidades autónomas hace apenas dos días el borrador con los principales aspectos que desarrollarán el real decreto referente al nuevo bono social. El Gobierno central trata de potenciar las medidas de protección a los consumidores más vulnerables y en riesgo de exclusión social con la introducción en la norma de umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -que se ampliarán por cuestiones especiales como el grado de discapacidad- y la creación de una categoría de hogares que atraviesan problemas severos.
En un año, el número de beneficiarios del bono social ha retrocedido un 9,09% en las Islas, al pasar de los 124.596 del segundo mes de 2016 a 113.269. No todos los consumidores pueden acogerse al vigente mecanismo de protección contra la pobreza energética, sino aquellos que cumplen determinados parámetros. Entre ellos se encuentran los clientes con una potencia contratada inferior a los tres kilovatios (kW) en su vivienda habitual, a quienes se les aplicará el bono social sin necesidad de que el consumidor lo solicite previamente. En el Archipiélago, este grupo representa el 83,49% de los favorecidos por esta medida.
Los pensionistas con 60 años o más que cobran la cuantía mínima vigente por jubilación, viudedad o incapacidad permanente, así como aquellos que perciben una prestación del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez o pensiones no contributivas, representan, por su parte, el 9,42%. Las familias numerosas -en Canarias había 13.147 en 2015, según los datos más actualizados del Ministerio de Servicios Sociales- copan el 4,11% de las ayudas concedidas y los hogares con todos sus miembros en paro, el 2,96%. Salvo el primer colectivo, los otros tres tienen que acreditar que se encuentran en tal situación para poder acogerse al bono social de electricidad.
Un total de 32 ayuntamientos -entre los que se encuentra el de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Puerto del Rosario, La Laguna, Tijarafe o San Sebastián de La Gomera- han suscrito un convenio con Endesa para atender a clientes vulnerables, ya sea de forma directa con la propia compañía o a través del concierto firmado por ésta con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en noviembre de 2015 con el fin de poner freno a la pobreza energética. Con este acuerdo, los consistorios se hacen responsables de subvencionar las facturas de la luz mientras que la compañía eléctrica se compromete a no cobrar ningún interés de demora en el pago, entre otros aspectos.
En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo anuló el sistema del bono social por considerar que éste era discriminatorio. El órgano jurisdiccional consideró entonces que el coste del mecanismo se cargaba de forma injusta entre las cinco grandes compañías eléctricas, puesto que no se incorporaba a todas las empresas del sector de la comercialización.
Dos meses después, el Gobierno central aprobó el decreto ley del nuevo bono social pactado entre PP, PSOE y Ciudadanos con el que se establece un nuevo mecanismo de financiación y se refuerzan las medidas de protección. En el borrador del reglamento que lo desarrollará, se crea la categoría de hogares vulnerables severos, que se beneficiarán de un descuento "más elevado", y se obliga a las comercializadoras a informar a sus clientes de la posibilidad de solicitar el bono social en el mercado regulado y la pérdida del mismo si suscriben un contrato en el segmento libre.
