Un estudio elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL) ha cuantificado en 25 millones de euros anuales el sobrecoste de producción que soporta el tomate canario frente al marroquí. Dicho trabajo servirá de base para establecer el documento marco que se remitirá a Bruselas para readaptar las ayudas que recibe este cultivo, que da empleo a 3.000 trabajadores y goza del favor de los consumidores europeos. La intención del Ejecutivo canario es incrementar la ayuda a la hectárea desde los 11.000 euros actuales hasta 15.000.

La mano de obra más barata en Marruecos, el mayor tamaño de sus explotaciones, la cercanía a la Europa continental o la mayor laxitud de los controles fitosanitarios son factores que abaratan ese tomate frente al canario. El consejero de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero, señaló que el lunes se entregó un avance del borrador, sobre el que trabajan su departamento y los productores. El texto final tiene que estar finalizado antes del último día de junio para remitirlo a la Comisión Europea (CE).

El consejero reveló estos datos durante una comparecencia parlamentaria instada por el grupo Nueva Canarias (NC), cuyo portavoz, Román Rodríguez, señaló que es necesario duplicar las actuales subvenciones para mantener con vida a un sector que ha pasado de tener "4.433 hectáreas plantadas en 1995 a tan solo 641 en la actualidad". Para el líder de los nacionalistas de izquierdas, "11.000 euros siguen siendo muy pocos".

Quintero centró la decadencia del tomate en varios aspectos. Además de la pérdida de competitividad por el incremento de los contingentes marroquíes en un 30% -"los controles no son efectivos, por lo que podemos hablar incluso de un 60%", detalló-, las plagas y la tardanza en la llegada de las ayudas comprometidas con los productores por las administraciones también inciden muy negativamente.

Desde las filas populares, José Estalella añadió a los problemas la existencia de "cajas etiquetadas en Almería como tomate canario". Al respecto, Quintero explicó que el borrador que se perfila incluye el establecimiento de una indicación geográfica protegida (IGP) para acabar con dichas prácticas.