Después de casi una década desde que comenzó la crisis económica ¿qué se ha hecho para mitigar la economía sumergida?
La crisis ha provocado un aumento de la economía sumergida y del fraude fiscal pero también ha existido falta de voluntad política del Gobierno para evitar sus efectos. Las leyes de prevención del fraude de 2006 -con el PSOE- y de 2012 -con el PP- han resultado insuficientes para frenar un fenómeno que equivale al 20 o 25% del PIB. En el caso de la evasión fiscal supone alrededor del 7%, el resto es por contrataciones irregulares, no pagar la Seguridad Social, etcétera. En España hay un nivel de conciencia fiscal por debajo de la media de la OCDE y de la UE y ahí la responsabilidad es compartida entre la Administración, las empresas y los grandes patrimonios.
¿Sirve como excusa que la economía sumergida ha evitado un estallido social en los peores tiempos de la recesión?
Es un argumento que se ha utilizado desde varias instancias y es uno de los motivos por los que no se ha trabajado seriamente este asunto. Es verdad que la economía sumergida ha servido como válvula de escape a muchas familias ante la elevada tasa de paro y la falta de ingresos y prestaciones, pero con todo el balance sigue siendo muy negativo porque Hacienda deja de ingresar más recursos que se podrían destinar a aumentar las ayudas sociales, hay una competencia desleal entre empresas y al final nos afecta a todos por igual.
¿Canarias tiene alguna singularidad en este fenómeno en relación al resto del territorio?
Evidentemente Canarias cuenta con una tasa de paro que ha estado hasta 10 o 12 puntos por encima de la media nacional. La economía sumergida equivale al 24,6% del PIB español y en Canarias hablamos del 27,9%. Aquellas comunidades donde el peso de la industria es mayor hay menos fraude pero aquí predomina el sector servicios y el turismo, donde se maneja más dinero en efectivo y las bolsas que escapan al control de la Agencia Tributaria son mayores.
Tampoco funcionan las medidas que se han adoptado para regularizar la evasión fiscal ¿a qué se debe? ¿hay que hacer una normativa más clara? ¿Más contundencia y menos permisividad?
Algunas medidas se han tomado pero otras no. Habría que intentar hacer más pedagogía fiscal para elevar el nivel de concienciación de los ciudadanos, pero para eso también las élites políticas y empresariales deberían dar más ejemplo en relación con estas cuestiones. Hay que endurecer la normativa tanto penal como administrativa, dar más facilidades para perseguir los delitos fiscales pero también dotar de más medios a las agencias tributarias porque estamos muy debajo con respecto a los países de nuestro entorno. También es necesario reorganizar la Agencia Tributaria porque se dedica más tiempo y más efectivos al control de los que ya están controlados como autónomos, rendimientos del trabajo o pequeñas discrepancias. Sin embargo, echamos en falta una mayor apuesta por la inspección e investigación de las rentas no declaradas y hay poco esfuerzo para controlar a las grandes empresas. Hay que mover más la lupa hacia las grandes fortunas y corporaciones.
¿Qué opinión tiene de los incentivos fiscales que tiene Canarias, que permiten a las empresas dejar de tributar a cambio de invertir?
Está claro que la insularidad y la distancia de Canarias del continente europeo requiere de bonificaciones fiscales para potenciar el desarrollo de las Islas. También es cierto que cuando hay incentivos fiscales hay que mirarlos con lupa para evitar que haya una inequidad con respecto al resto de contribuyentes. Hay que hacer un control exhaustivo de estos beneficios porque hay empresas que los utilizan sin cumplir la normativa y son lógicos los conflictos entre Hacienda y las empresas.
¿Qué nivel de colaboración hay entre la Agencia Tributaria estatal y la canaria?
Este es uno de los problemas y lo que proponemos es que aumente la colaboración entre las administraciones tributarias porque deja mucho que desear. Esos problemas de protagonismo entre las comunidades y el Estado en materia fiscal provoca que muchas veces no haya suficiente coordinación. Demandamos que haya una base de datos compartida entre las agencias tributarias para facilitar las investigaciones en relación con empresas o contribuyentes.
Que cada comunidad pueda legislar sobre los impuestos cedidos provoca distorsiones entre territorios ¿Debe existir una mayor armonización?
Esta situación no es positiva. Debería tenderse hacia la armonización en impuestos como el de sucesiones o el de patrimonio y ahora es el momento para hacerlo con el debate del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Hay dos opciones: reducir y armonizar con mínimos y máximos estas regulaciones manteniendo las competencias o bien centralizar otra vez estos impuestos y que la recaudación se ceda a las comunidades.
¿Son partidarios de que se mantenga el diferencial fiscal entre Canarias y la Península?
El IGIC atiende a la peculiaridad insular y está reconocido por la UE. La falta de suficiencia del sistema es uno de los problemas pendientes y, desde el punto de vista de Gestha, la falta de equidad supone que tienen que pagar los que no tributan y sólo reduciendo diez puntos la economía sumergida se recaudarían 40.000 millones de euros. En Canarias la bolsa de economía sumergida total equivale a 11.000 o 12.000 millones de euros y, aplicando el índice de presión fiscal medio, la recaudación que se deja de ingresar es de 4.000 millones de euros. Erradicar el fraude fiscal al 100% es una utopía pero si lo rebajamos en diez puntos para situarnos al mismo nivel que los países de nuestro entorno se podrían ingresar cerca de 1.500 millones de euros en las Islas.
