El Ministerio de Hacienda negocia con los sindicatos la petición de la implantación de las 35 horas semanales en la Administración, según adelantó ayer la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, que advirtió no obstante que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.
Collado señaló durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar". La secretaria de Estado explicó que ya se está hablando al respecto con las organizaciones sindicales más representativas (CC OO, UGT y CSIF), de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos.
Indicó, eso sí, que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Andalucía y Asturias). Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con ese horario. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", insistió Collado, quien añadió que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas semanales.
