El decreto canario de regulación del alquiler vacacional era el modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas. Así al menos lo consideraba Exceltur, el potente lobby empresarial turístico. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo tumbó esta semana, dando la razón a los afectados y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que lo habían recurrido.
El auto judicial no solo obliga ahora al Gobierno de Canarias a regular de nuevo el controvertido negocio, sino que también ha dejado en evidencia la estrategia de los hoteleros en su empeño por poner puertas a ese campo. De modo que el juicio contra el decreto sobre el alquiler vacacional se ha convertido en realidad en el juicio al sector turístico canario en general, y al hotelero en particular. Lo que se juzga es, en definitiva, la capacidad o incapacidad del turismo canario para adaptarse a los nuevos tiempos, que han traído consigo novedosas modalidades alojativas que compiten con las tradicionales. A su arte, en fin, para conciliar intereses encontrados.
Tensión en los destinos
El fenómeno de la proliferación de alquileres vacacionales (es decir, la entrada masiva de casas y pisos de uso inicialmente residencial en el mercado turístico) ha provocado fuertes tensiones en todas las regiones turísticas de España. También fuera de ellas. Pero, en comparación con otras zonas, el decreto canario ha sido el más restrictivo, al vincular la actividad vacacional a un tipo de suelo concreto.
De ahí la unánime satisfacción empresarial cuando fue aprobado, en 2015, por el saliente gobierno de Paulino Rivero. Lo hicieron a nivel nacional la confederación hotelera (CEHAT) y Exceltur, y en el ámbito regional lo festejaron las dos patronales hoteleras: la FEHT y sobre todo la tinerfeña Ashotel.
Como ya hiciera la CNMC en su contundente dictamen, el juez ha dado en su resolución un toque de atención en toda regla al empresariado: "La única explicación plausible a esta cortapisa es que trata de favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales, vulnerando la libre competencia". Y añadió: "La norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que, por su precio reducido, compita con la oferta del alojamiento hotelero".
El brazo a torcer
El varapalo judicial no ha impedido que Ashotel reaccionara como ha hecho siempre ante cada uno de los escollos que ha ido encontrando en esta ya larga batalla contra el vacacional. Es decir, sin dar su brazo a torcer. Su presidente, Jorge Marichal consideró la sentencia una mala noticia para el sector e insistió en un argumento que ha empleado en reiteradas ocasiones: "La proliferación del alquiler vacacional pone en riesgo un modelo turístico que hemos tardado 40 años en construir y que ha dado grandes beneficios a la sociedad canaria".
Pero la tradicional unidad empresarial se está rompiendo por el otro lado de la cuerda. Ante la evidencia de que el fenómeno del vacacional es creciente e imparable, algunos de los empresarios más dinámicos han decidido entrar también en el negocio del alquiler vacacional. El caso más representativo es el de Kike Sarasola, caracterizado por su habilidad para adaptar con rapidez sus productos a los nuevos tiempos.
Así, el fundador de Room Mate ha vuelto a demostrar que sabe escuchar al cliente para conocer lo que quiere y ofrecérselo. Y ha creado para los demandantes de viviendas de alquiler un nuevo producto turístico, Be Mate, que aúna las fortalezas de la vivienda vacacional con la posibilidad de disfrutar de servicios adicionales.
Su proyecto es pionero y aún una excepción. En la mayoría de los casos, "el impacto de fenómeno vacacional es tan fuerte que está dejando en desventaja a buena parte de los empresarios turísticos tradicionales". Esta fue al menos la conclusión a la que se llegó en el denominado Foro de Pisa, celebrado hace menos de dos años. En esa ciudad italiana se explicaron algunas de las claves del conflicto que se ha reproducido en todos los destinos importantes, urbanos o de litoral como Canarias: "Las empresas que operan bajo el paraguas de la economía colaborativa representan un modelo de negocio totalmente disruptivo y con un impacto enorme sobre los viajes". Y para ilustrarlo explicaron que la plataforma de referencia en el denominado alojamiento "parahotelero", Airbnb, tiene una oferta global de 330.000 habitaciones y ninguna de ellas en propiedad: "Son firmas muy ligeras en activos al ser propietarias tan solo de la plataforma de venta, por lo que pueden operar con costes muy bajos, reventando el mercado", según explicó uno de los consultores que elaboró el informe del Foro Pisa.
La economía colaborativa representa, según dicen, una amenaza para el 50% de la industria turística actual. El augurio está por confirmar, pero la realidad es que, solo en Canarias, ha introducido en apenas unos años más de 121.000 "nuevas" camas sin mover un ladrillo. La oferta de alquiler vacacional ha logrado así sortear el principal escollo que ha impedido al alojamiento tradicional construir más plazas alojativas: la moratoria. Mortificando de este modo no sólo al empresario que lleva tres lustros reivindicando más libertad para invertir en nuevos hoteles, sino al defensor del slogan Ni una cama más que apoyó la moratoria: "El binomino turismo-construcción va camino de la obsolescencia", señaló en su día Tomás de Azcárate, presidente del Instituto de Turismo Sostenible. Y concluyó: "Gran parte de la oferta vacacional es más sostenible ambienta y socialmente".
En la actualidad, entre la oferta convencional y la emergente, son ya más de medio millón (545.000) las camas turística que ofrece Canarias a sus visitantes, cuando antes de la nueva ley de arrendamientos del 2013 se contabilizaban entorno a 420.000. Canarias representa, por tanto, una claro ejemplo de cómo la denominada economía colaborativa o compartida está alterando las reglas del juego del sector turístico tradicional. No obstante, el alquiler vacacional tampoco ha escapado al afán intervencionista del Gobierno de Canarias en el sector turístico tratando de imponer nuevas reglas, si nos atenemos a la literalidad del auto del TSJC.
¿Qué modelo de regulación?
Amsterdam es una de las primeras ciudades europeas que ha regulado con éxito este tipo de alojamientos. La capital de Holanda ha fijado un tope de cuatro noches y ha establecido un impuesto específico sobre esos ingresos. Solo en Airbnb registra 20.000 viviendas, frente a las 21.000 de Roma, las 50.000 de Londres o 59.000 de París que se anuncian en la mayor plataforma de alquiler vacacional.
Estas cifras, que dan la medida del alcance del fenómeno, ascienden a 28.000 en el conjunto de las Islas. Sólo en Barcelona, Airbnb mueve otras 20.000 viviendas, de las cuales aproximadamente la mitad (9.700) no cumplen con la normativa municipal o comunitaria. El porcentaje es extrapolable a la mayoría de destinos. Los requisitos más comunes exigidos en las diferentes regulaciones son la inscripción de la vivienda en un registro de actividad turística (en el caso de Canarias insular) y la presentación de una serie de documentos, entre los que se encuentra la célula de habitabilidad de la casa.
En España, ha faltado en general diálogo para consensuar una regulación que permita conciliar los intereses encontrados. El Gobierno de Canarias dio por imposible esa conciliación y sacó, por ello, el decreto que sacó. Pero en baleares, los representantes de los sectores hotelero y del alquiler vacacional han logrado superar sus diferencias y han alcanzado un principio de acuerdo, junto al Gobierno balear, para alcanzar un pacto que tenga como objetivo común la cualificación del destino, sea cual sea la modalidad alojativa. Quizá sea ese el único modelo a imitar.
