Nueva Canarias (NC) denuncia que el Estado gastó el pasado año casi 370.000 euros en colocar a apenas 32 personas en Canarias a través de varias empresas de trabajo de temporal (ETT). Estos datos, apunta la senadora María José López, dejan en evidencia “el fracaso de la privatización encubierta del sistema público de empleo impulsado por el Gobierno del Partido Popular”.
Para López Santana, el Ejecutivo popular no sólo está “invadiendo competencias” en el terreno de las políticas de empleo, que están transferidas a las Comunidades Autónomas, sino que además no hay resultados satisfactorios de las “ingentes cantidades de dinero público” que reciben las ETT para ello porque “no están cumpliendo con los objetivos de encontrar trabajo a las personas desempleadas”.
A juicio de la parlamentaria nacionalista, el marco regulatorio elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2013, para que las empresas privadas pudieran obtener ingresos procedentes de las Comunidades por encontrar trabajo a parados, es un “claro intento de privatizar” el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), "creando una administración paralela” que se ha demostrado “ineficaz”. Según los datos ofrecidos por el Gobierno central en respuesta a la pregunta formulada por la senadora, en la Comunidad Autónoma de Canarias son siete las agencias de colocación colaboradoras con los servicios públicos de empleo a las que se habrían remitido 17.453 personas para su colocación, y de las que tan sólo 32 habrían sido insertadas (0,18%), según el concepto y los periodos que estipula el Acuerdo Marco, es decir, personas que “deben estar contratadas durante seis meses en un periodo de ocho meses desde que se inició el primer contrato de trabajo”.
Para López Santana, estos datos “son escandalosos”. “No se comprende que el Estado destinase 100 millones de euros a esas agencias de colocación en todos los territorios en 2016, 6,1 millones en el archipiélago canario, que los resultados sean tan pobres y que nadie asuma su responsabilidad”, reprocha la senadora.
Dos preguntas
La parlamentaria nacionalista ha registrado hoy dos preguntas sobre la valoración que hace el Gobierno de su plan para utilizar ETT para la inserción laboral de personas desempleadas a la luz de los datos obtenidos, y sobre la existencia de un proceso de evaluación, control y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por estas empresas. Además, también ha solicitado un informe sobre cuántas y cuáles son las agencias de colocación privadas que prestan sus servicios en cada Comunidad Autónoma, con arreglo al plan puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de contratación de empresas privadas de recolocación de personas desempleadas, y las retribuciones percibidas por estas empresas por este concepto y las personas que han conseguido insertar laboralmente.
En la pregunta escrita que dio origen a la respuesta del Ejecutivo, la senadora de NC cuestionaba al Gobierno acerca de que en el año 2015 el departamento dirigido por Fátima Báñez pusiera en marcha un concurso con el fin de contratar empresas privadas de recolocación de personas desempleadas en todo el territorio estatal. Un sistema que ya fue denuncado en el País Vasco por "invadir sus competencias" y al que los tribunales dieron la razón.
