La amenaza que sobrevuela la gestión de las torres de control de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma dio ayer brío a la demanda del Gobierno de Canarias de cogestionar los aeródromos del Archipiélago. Ciudadanos ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados que habrá de contestar el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para aclarar si existe un plan alternativo en el caso de que la operación Lezo bloquee Saerco, que presta el servicio en esas tres islas desde que se privatizó en 2011.

Saerco asegura que Ildefonso de Miguel, en libertad tras pagar la fianza de cien mil euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, no tiene nada que ver con ellos. Pero Saerco aparace en el registro mercantil como marca de Zubenelgenubi SL, de la que De Miguel es administrador único. Eso ha llevado a la formación naranja a solicitar a De la Serna información sobre qué ocurrirá en el caso de que Velasco ordene el bloqueo de las cuentas del investigado por su etapa en la gerencia del Canal de Isabel II.

Saúl Ramírez, diputado por Las Palmas del partido que preside Albert Rivera, da esa posibilidad como muy cierta y alerta de que dicha circunstancia puede dejar sin capacidad de maniobra a la empresa responsable de los despegues y aterrizajes en los tres mencionados aeródromos, que en conjunto recibieron y despidieron durante el pasado año a 13,4 millones de pasajeros. Fomento ya se ha puesto manos a la obra para alejar de toda duda la continuidad del servicio en cualquier escenario futuro.

Ayer, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, señaló que la existencia de esta amenaza "demuestra que no es buena idea privatizar AENA". El también consejero de Obras Públicas y Transportes añadió que "menos aún" lo es para el Archipiélago, "donde el transporte aéreo resulta estratégico" a la hora de garantizar la movilidad de los ciudadanos.

El Estado mantiene el 51% de los títulos del gestor aeroportuario español, si bien el propio ministro De la Serna admitió a finales del pasado año que no está descartado un incremento de la presencia de capital privado en la compañía. Según el Estatuto de Canarias, en el caso de que el Gobierno español pierda el control de los aeropuertos en favor del capital privado, la comunidad autónoma sería competente para regir sus aeródromos.

Rodríguez Valido aludió a la necesidad de que las administraciones canarias estén presentes en la toma de decisiones que afectan al transporte aéreo. Hace dos semanas, el consejero mantuvo un encuentro en la capital grancanaria con su homólogo balear, el socialista Marc Pons, tras el que decidieron crear una mesa de trabajo con presencia de operadores del transporte marítimo y aéreo y expertos en movilidad.

El objetivo es generar datos que convenzan al Ministerio de Fomento de la necesidad de una rebaja mayor en los billetes para los desplazamientos interinsulares y de la presencia de ambas administraciones en los consejos de administración de sus aeropuertos. El vicepresidente canario explicó que "el modelo de los puertos" se desarrolla con éxito y "debe trasladarse a los aeropuertos".

AENA decidió la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma en 2011. Ya entonces la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) aludió al peligro que suponía dejar en manos de particulares un servicio tan sensible como ese. "El interés privado", explicó el portavoz de la organización en las Islas, José Feliu, no siempre coloca "la prestación del servicio" por encima de cualquier otra cuestión.

La adjudicación a Saerco despertó en su días las críticas y advertencias de la organización sindical gremial, ya que se la marca se creó cuando el proceso de licitación estaba en marcha. Acudió a la convocatoria en alianza con el operador checo de servicios de control ANS CR, que, según USCA, gestionaba volúmenes de tráfico inferiores a los de los aeropuertos canarios.