La Comisión Europea criticó ayer a España por la corrupción y la insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenirla y combatirla, y censuró a su vez al país por la elevada temporalidad laboral y el paro excesivo. El ejecutivo comunitario, en sus recomendaciones específicas por país, en las que recoge propuestas dirigidas a los Estados miembros para fortalecer sus finanzas públicas y hacer frente a los desequilibrios económicos, exige a España más ajustes en 2018 para reducir el déficit estructural (la parte del descubierto que no depende del ciclo de la economía) y mantiene a España sometida al protocolo por déficit excesivo tras proponer al Consejo que excluya a Portugal y a Croacia. A Bruselas le preocupa también el crecimiento de la deuda pública española.

Si se ratifica la exclusión de Portugal y Croacia, sólo cuatro de los 28 países de la UE seguirán bajo control: España, con un descubierto del 4,5% en 2016; Francia (-3,4%) y Reino Unido (-3%) -según los datos que divulgó recientemente Eurostat-, además de Grecia, que, aunque logró un superávit del 0,7%, arrastra déficits muy altos de ejercicios precedentes y debe demostrar la sostenibilidad del actual equilibrio.

La UE considera que España, pese a los avances en el control de los desajustes fiscales, incumplirá este año el objetivo en un décima y que no está haciendo suficientes esfuerzos para recortar el déficit estructural y exige por ello más acciones en 2018. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, dijo que las exigencias son asumibles.

La UE exige a España, en el informe que firma el comisario Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que tome medidas para luchar contra la corrupción, ve riesgo de impunidad en los casos más complejos tras haber legislado el Gobierno la reducción de los plazos de instrucción, y reclama mayor protección a quienes denuncien corruptelas.

Señala que pese al "progreso" en la lucha contra la corrupción a través de leyes para asegurar una mayor transparencia y de investigaciones sobre casos de ese tipo a nivel local y regional, no se han desarrollado "estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción". Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, añade.

Otra deficiencia, añade el informe, es la falta de legislación para proteger a los "informantes" sobre casos de corrupción, así como el grado de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la falta de regulación de los grupos de presión.

Bruselas advierte asimismo sobre el "prolongado procedimiento judicial para los casos de corrupción" e indica que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para limitar los plazos de instrucción, "podría traducirse en impunidad en los casos complejos de corrupción".

En materia laboral, la Comisión reprocha la alta tasa de temporalidad, el paro elevado (sobre todo, el juvenil) y la dualidad en el mercado del trabajo y las distintas indemnizaciones por despidos según tipos de contrato.