Los empresarios y asesores fiscales vuelven a la carga con las dificultades que tienen para utilizar los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) en inversiones y actividad económica. Un año y medio después de la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la parte fiscal del REF, los problemas se acumulan y las diferentes interpretaciones que se realizan del mismo lastran la efectividad de la Reserva para Inversiones (RIC)Reserva para Inversiones (RIC), la bonificación a la producción de bienes corporales o el AIEM. Las patronales canarias advierten que se está entorpeciendo, por ejemplo, la rehabilitación turística debido a la inseguridad jurídica que se ha generado ante las restricciones impuestas por el reglamento.
El REF fiscal entró en vigor el 1 de enero de 2015 y el reglamento once meses después. Mientras la ley mejoraba algunos aspectos de la anterior y se limaban asuntos e interpretaciones discrepantes entre el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, y las empresas, el reglamento, lejos de aclarar, impuso restricciones que después la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda se ha encargado de ratificar en consultas realizadas por empresas y asesores fiscales. "De poco sirve contar con instrumentos compensadores si luego se impide su aplicación con la introducción de limitaciones por la vía reglamentaria ajenas al espíritu inicial de la ley", critica el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García.
El dirigente empresarial advierte que se ha desvirtuado la ley y demanda al Gobierno canario y central que tomen cartas en el asunto para modificar y aclarar el reglamento en aquellas cuestiones que dificultan su aplicación y provocan inseguridad jurídica en los inversores. Desde principios de mes la CCE se dirigió por escrito al Ejecutivo regional, grupos parlamentarios y a los diputados y senadores canarios en las Cortes para trasladarles la inquietud existente entre las organizaciones empresariales.
"El Gobierno tiene que actuar cuanto antes porque son cuestiones técnicas, en vez de salir tanto en las fotos deberían hacer algo ya porque se les ha advertido desde hace tiempo y hablamos de actividad económica y empleo", avisa el secretario general de la CCE. La patronal de Las Palmas cree que ahora es el momento más adecuado para negociar con el Ministerio de Hacienda las modificaciones que sean necesarias en el marco de las negociaciones del REF económico y por el diálogo político entablado entre el Gobierno central y los diputados nacionalistas canarios para aprobar los presupuestos del Estado de este año.
En este sentido, desde la Consejería de Hacienda se aclaró ayer que las quejas empresariales se han trasladado a la Secretaría de Estado de Hacienda y que el Ejecutivo regional prepara un informe para argumentar los problemas del reglamento para que se solucionen con los datos suministrados por las empresas y los asesores fiscales.
La RIC es el incentivo más afectado por las diferentes interpretaciones entre Tributos y los asesores fiscales. Una de las principales limitaciones del reglamento es que impide invertir la Reserva en inmuebles que en alguna ocasión ya estuvieron afectados por este incentivo fiscal. La ley anterior de 2006 recogía que esta limitación sólo afectaba a inversiones que se realizaran en inmuebles durante el periodo en vigor de la Reserva pero no a etapas anteriores. Es más, en una consulta realizada Hacienda se amplía la restricción incluso a alojamientos anteriores a la creación de la propia RIC, en 1994. Ante ello, los empresarios advierten que esta limitación anula por la vía de los hechos los incentivos que se establecen para la rehabilitación en el artículo 27 del REF fiscal. Los empresarios afirman que se genera inseguridad jurídica y "desánimo" porque es materialmente imposible acceder a la información sobre la materialización en ejercicios tan lejanos temporalmente.
Otro asunto que genera confusión es la contradicción existente entre la ley y el reglamento a la hora de obligar a que los inmuebles turísticos que se rehabiliten se encuentren en áreas en declive. La ley lo suprime pero el reglamento no, lo que provoca confusión sobre todo en relación a la permanencia de este requisito para la rehabilitación de locales y zonas comerciales.
También hay una restricción importante, según el análisis de la CCE, en relación con la Reserva y es los problemas existentes para invertir las dotaciones en inmuebles en reformas o ampliaciones de los mismos. Empresarios y asesores fiscales entienden que la afección debería ser parcial y que las plusvalías que pueden generarse por la venta se deberían calcular proporcionalmente a la dotación realizada. Sin embargo, Tributos ha introducido en su interpretación una "limitación desproporcionada" que anula la RIC para actuaciones en patrimonio para su rehabilitación.
En relación con el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM), los empresarios entienden que se da un tratamiento inadecuado en el cómputo de este tributo como ayuda de Estado, de tal forma de las empresas del sector agrícola se ven limitadas en el uso de los incentivos a la inversión porque el AIEM equivale al 10%, que es el máximo de ayudas a las que tienen derecho este tipo de empresas.
No es la primera vez que las contradicciones, consultas y diferentes interpretaciones entre la Agencia Tributaria estatal y los asesores fiscales provocan retrasos y dificultades en la aplicación de los incentivos fiscales del REF. Durante años las impugnaciones de los inspectores de Hacienda y los recursos de las empresas en relación con la RIC acabaron en los tribunales, llegando incluso al Supremo.
