El Gobierno dio luz verde ayer la creación de una comisión de seguimiento, control y evaluación del mecanismo extrajudicial puesto en marcha en enero para regular las devoluciones de las cláusulas suelo sin tener que pasar por los juzgados. Así lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A mediados de enero el Ejecutivo estableció un procedimiento alternativo a la vía judicial para que los afectados pudieran recuperar sus cláusulas suelo de forma gratuita, con solo hacer una reclamación ante su entidad financiera. Ahora, los bancos tendrán que remitir a esta nueva comisión, el número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no, así como los motivos; el montante; el número e importe de las medidas alternativas a la devolución del efectivo e información sobre el sistema que haya implantado cada entidad para garantizar la comunicación con sus afectados.

La comisión de seguimiento estará integrada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá, el secretario general técnico del Ministerio de Economía y otros seis miembros. Estos últimos representarán al Ministerio de Justicia; al de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; al Consejo de Consumidores y Usuarios; al Consejo General de la Abogacía Española; al Consejo General del Poder Judicial y a la Asociación Hipotecaria Española.Este órgano velará por que las entidades cumplan sus obligaciones de información, sobre todo, con respecto a personas vulnerables.

El procedimiento aprobado por el Ejecutivo es obligatorio para la entidad financiera cuando lo solicite el cliente, y ésta tendrá tres meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones. Aunque la vía judicial está abierta, el Gobierno busca con esta vía evitar el colapso de los tribunales y permitir que todo el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor.

Algunas organizaciones de consumidores se mostraron muy críticas con este organismo. Adicae asegura que se trata de una "quimera vacía" que no reparará los abuses de los bancos a los consumidores. Mientras que la OCU, explicó que la comisión carece de capacidad para sancionar y se limitará a informar al Gobierno de forma semestral, un plazo que juzgan excesivo.