El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional por falta de pruebas concluyentes la investigación abierta sobre el exministro de Economía y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el supuesto pago de compensaciones a sociedades suyas o de su familia por las empresas que él privatizó una vez que dejaron de pertenecer al sector público. El juez considera que la atribución de posibles delitos de blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos que hizo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se basan en una "hipótesis sin sustento fáctico actual".

Aunque empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron a sociedades relacionadas con Rato y su familia casi 83 millones por la realización o contratación de campañas de publicidad en medios, el juez sostiene que "no existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, esas ventas de empresas públicas y la previa designación de sus presidentes y dirigentes "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada" tanto en las compañías como en el Consejo de Ministros.

El magistrado se opone por ello a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, pero fuentes jurídicas aseguraran que la Fiscalía recurrirá la decisión al estimar la existencia de suficientes indicios penales para mantener abierta esta pieza separada del caso, como acreditaría el atestado que ponía el foco sobre la sociedad Cor Comunicación. Para la UCO, esta habría sido la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa, Paradores y Repsol.