Antes del 28 de junio del próximo año, las viviendas canarias que tenían más de 50 años en 2013 deben contar con el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), el equivalente a la ITV de los vehículos. Según el último censo de población y viviendas publicado por última vez en 2011, en las Islas hay alrededor de 200.000 inmuebles de estas características y solo una minoría han cumplido el trámite. La norma estatal encomienda a los ayuntamientos la elaboración de ordenanzas que den marco legal al cumplimiento de la obligación, pero esperan a la aprobación de la Ley del Suelo para aprobarlas.
Las prisas amenazan con convertirse de nuevo en malas consejeras en un trámite que persigue poner al día el parque inmobiliario del Archipiélago en cuestiones como eficiencia energética y, mucho más importante, garantizar su seguridad. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entienden que la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2016 dando la razón a la Generalitat de Cataluña desarbola la legislación estatal, por lo que no tiene sentido avanzar con una ordenanza que puede quedar fuera de juego en cuanto se apruebe la norma sobre el territorio que actualmente tramita el Parlamento de Canarias.
La Administración catalana entendió que el real decreto ley, promulgado por el Gobierno del PSOE en julio de 2011, invadía competencias autonómicas, por lo que presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue atendido el pasado año. De esa manera, la línea argumental del ayuntamiento santacrucero defiende que a día de hoy solo los edificios protegidos o declarados bien de interés cultural (BIC) están obligados a contar con el IEE.
En cualquier caso, comunidades autónomas como la valenciana han decidido dar un paso adelante y realizar una radiografía exacta del estado de salud de los edificios de todo el territorio, priorizando así el concepto de seguridad por encima de cualquier otro. En el Archipiélago, sin embargo, no existe un censo de estas características ni se prevé contar con él en el corto plazo.
"Pueden ser más de las 200.000 viviendas las que tuvieran más de 50 años en las Islas en 2013", advierte el secretario de la Junta Directiva de la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Isidro Martín. De esa manera se refería a la importante cantidad de inmuebles que se sitúan "en la alegalidad", es decir, que aún no tienen regularizada su propia existencia.
El sector vigila atentamente el proceso. Tanto Martín como la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), Salud Gil, inciden en "el empleo" que generarán las obras a las que obligarán los IEE. Estos documentos evalúan el estado del parque de viviendas e indican en qué puntos incumple la normativa vigente y que, por tanto, deben ser subsanados.
También ambos coinciden en señalar al discutible interés que pueden tener los ayuntamientos en acelerar el proceso. Las administraciones locales son responsables subsidiarias de los trabajos a los que obligue la inspección. Es decir, tienen que pagar los trabajos que exijan los IEE si no lo hacen los propietarios y luego reclamar a estos que retornen a las arcas públicas el dinero adelantado.
En opinión de Gil se trata también de un problema de información. A su juicio, es necesario que los ciudadanos entiendan la importancia de rehabilitar los edificios. "Promovemos una campaña de sensibilización en ese sentido", explicó. Resulta evidente el problema que genera el estado ruinoso de un edificio, pero más allá, la presidenta de la AECP considera la importancia que tiene que los propietarios conozcan "el ahorro que supone" afrontar reformas para incrementar la eficiencia energética de los inmuebles. Gil entiende que es necesario incentivar la rehabilitación, "porque motu proprio" los particulares no lo van a hacer.
Aceleración desde junio
- La previsión del Gobierno de Canarias es que la Ley del Suelo que ha impulsado se apruebe en el último pleno del Parlamento autonómico del mes de junio. Es decir, la norma entraría en vigor en el mes de julio, a las puertas de las vacaciones de verano. A partir de ese momento, los ayuntamientos deberán acelerar la maquinaria para tener las ordenanzas aprobadas cuanto antes con el fin de dar a los propietarios un margen de tiempo suficiente, aunque ya es seguro que corto, para llegar a junio del año próximo con la IEE cumplimentada. Eso si quieren evitarse el tener que dar explicaciones y pelear a posteriori decisiones en su contra en las que es muy posible que resulten victoriosos por la sentencia del Tribunal Constitucional que paralizó la norma estatal que obliga a la revisión de las viviendas que cumplieron 50 años o más en 2013. Son varios los municipios que trabajan en ese reglamento que explicitará a los ciudadanos los trámites. Además de la capital tinerfeña, Telde ya elabora también sus ordenanzas, habida cuenta de que la aprobación de la Ley del Suelo es segura.
