La compra del Popular por parte del Banco Santander ha abierto una nueva vía de negocio a los despachos de abogados especializados en el sector financiero. Desde primera hora de la mañana de ayer sus teléfonos no cesaron de sonar. Al otro lado, miles de accionistas y bonistas, cientos de ellos canarios, del ya desaparecido banco -mantiene la marca hasta la total integración en la nueva propiedad- demandaban información sobre los pasos a dar para recuperar sus ahorros.
"Una avalancha que esperábamos, porque es mucho dinero", confirmó ayer Pablo Pérez, socio de R&P Abogados-LEAN. Ya lo avisó el mismo miércoles horas después de conocerse la noticia la también letrada María Luisa Rodríguez, quien apuntó a las similitudes existentes entre la ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros realizada por el Popular hace un año y la salida a bolsa de Bankia en verano de 2011.
"Esa cantidad de dinero no se evapora de un año para otro", advirtió Rodríguez sobre un posible maquillaje contable que habría hecho más atractivo para los ahorradores acudir a la oferta de acciones. Ese es el flanco por el que atacarán al Santander, que con la adquisición del Popular se hace responsable de las actuaciones de este en el pasado.
El banco absorbido comunicó el pasado 3 de abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho relevante -nombre que reciben las noticias que las empresas cotizadas están obligadas a poner en conocimiento del regulador bursátil- en el que, remitiéndose a actuaciones del auditor, apuntaba a la posibilidad de que algunas de las provisiones realizadas para atender créditos dudosos fueran insuficientes. Además, señaló que esos supuestos errores se arrastraban desde antes de 2015, lo que habría permitido presentar unas cuentas más lustrosas a la hora de comercializar la ampliación de capital.
Sin reformular cuentas
Popular restó importancia a esta circunstancia señalando que la escasez de las provisiones ni siquiera obligaba a reformular las cuentas. Con la anuencia del auditor (PWC), el banco sostuvo que bastaba con introducir las correcciones en las cuentas del primer semestre de este año, que ya nunca verán la luz. Sin embargo, el documento remitido a la CNMV abre una vía a explorar por los abogados.
Quienes peor lo tienen son aquellos que compraron acciones en el mercado libre. Es decir, todos aquellos que adquirieron los títulos por el simple hecho de que les parecían valores interesantes para incorporar a su cartera. "Se trata de productos que no son complejos, por lo que no vemos que se pueda hacer nada", explicó Pérez.
En el otro lado, no solo quienes acudieron a la ampliación atraídos por unas cuentas inexactas, más si se encuentran entre quienes, como también recoge el hecho relevante, recibieron un préstamo del Popular con la obligación de invertirlo total o parcialmente en la compra de acciones, podrán explorar la posibilidad de iniciar medidas judiciales.
Les podrán acompañar los inversores que acudieron a la emisión de bonos convertibles contingentes (los conocidos como cocos) de 2013 y 2015, que sumaron 1.346 millones de euros. Este producto ofrece alto interés porque incluye el riesgo para los bonistas de que sus activos se transformen en acciones si la entidad no cumple ciertos objetivos. Así ocurrió y, por tanto, también tienen cero euros a día de hoy.
El último dolor de muelas para el Santander será la emisión de bonos canjeables de 2009, un producto complejo (deuda subordinada) que se presentó a los clientes como un depósito a plazo fijo de alta rentabilidad y carente de riesgo. El tiempo trajo pérdidas de hasta el 80% -hoy serían del 100%- que llevó el caso a los tribunales. El sábado de la próxima semana cumple un año la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo este producto por falta de transparencia en su comercialización.
Respecto a los empleados del Popular, casi 12.00 en todo el país y 229 en Canarias, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, aseguró ayer que "van a tener continuidad. Son magníficos profesionales que sigue teniendo que atender a los cuatro millones de clientes, porque durante un tiempo la integración operativa no estará realizada". Insistió en que "lo importante ahora es que el banco ha recuperado la normalidad, los clientes pueden operar como operaban antes y los empleados trabajan normalmente"
