09 de junio de 2017
09.06.2017
Amnistía fiscal

El Gobierno ampara a Montoro y su amnistía fiscal

Hernando cree que el ministro no debe dimitir, pese a que "evidentemente no lo hicimos bien"

12.06.2017 | 21:54
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Gobierno ha respaldado hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha defendido la amnistía fiscal de 2012, justificándola en la excepcionalidad del momento, mientras que el PSOE ha propuesto que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descarta pedir una comisión de investigación.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara por unanimidad "inconstitucional y nula" la amnistía fiscal de 2012 se fundamenta en un "vicio de forma", al entender los magistrados que no podía aprobarse mediante decreto ley.

No obstante, ha eludido pronunciarse sobre el fondo de una resolución que advierte de que la amnistía fiscal legitimó "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica".

Según ha relatado Méndez de Vigo, Montoro -que cuenta con el total apoyo del Ejecutivo- ha informado hoy al Consejo de Ministros de esta sentencia y les ha explicado que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, el fallo no tendrá efecto alguno sobre las regularizaciones que se llevaron a cabo mientras estuvo abierto el proceso.

En total afloraron más de 40.000 millones de euros de cerca de 30.000 contribuyentes que pagaron a Hacienda 1.192 millones.

El hecho de que la sentencia no vaya a tener consecuencias en la práctica es entendido por el Gobierno como un aval del Constitucional a la propia amnistía fiscal, tal y como aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El ministro portavoz ha justificado hoy que la medida se adoptó después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encontrara a llegar al poder con un déficit público de 93.000 millones en 2011, en lugar de los 60.000 millones reconocidos por el Gobierno socialista, en plena crisis de deuda soberana que hacía temer que el país necesitara ser rescatado.

"Tuvimos que subir los impuestos para pagar las pensiones y las prestaciones, nadie fiaba a España, la prima de riesgo subió 50 puntos ese mes de marzo", ha afirmado Méndez de Vigo, que ha defendido que tanto la amnistía fiscal como las demás medidas presupuestarias adoptadas por el Gobierno entonces han permitido que la economía española se recupere.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido hoy que el Gobierno puso en marcha "a la desesperada" la denominada amnistía fiscal en un momento en el que España corría el riesgo de ser rescatada y estaba "al borde del colapso" económico.

En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Hernando ha respondido con un tajante "sí" a la pregunta de si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe seguir en el cargo tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal. "Evidentemente no lo hicimos bien", ha reconocido el portavoz popular, quien ha asegurado que su partido acepta la sentencia del TC.

Ha insistido en justificar la medida adoptada en 2012 en un momento de "enorme dificultad", en el que el PP acababa de llegar al Gobierno y el país estaba inmerso en una grave crisis, con un déficit muy elevado y al borde del rescate.

El portavoz del PP ha recordado que el ministro de Hacienda comparecerá en el Congreso y "determinará el alcance de esta decisión", además de asegurar que ello no fue una "amnistía fiscal como se hacía en el pasado" ni "para exonerar a nadie". Se trató, ha reiterado, de "una medida de emergencia" en un país "al borde del colapso".

El PSOE, promotor del recurso de inconstitucionalidad, ha presentado hoy en el Congreso una proposición no de ley que plantea la reprobación del ministro de Hacienda "por haber beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes".

El texto añade que en la mayoría de "tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal" y cita explícitamente al extesorero del PP Luis Bárcenas, familiares del expresidente catalán Jordi Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

La organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), consultada por Efe, considera que más allá de los escasos efectos prácticos que pueda tener la sentencia, el Constitucional ha cerrado la puerta a futuras amnistías fiscales.

El presidente de los inspectores, José Luis Groba, cree que será difícil también acometerlas mediante una ley ordinaria, ya que la sentencia establece que la estabilidad presupuestaria y la necesidad de ajustar el déficit público no legitima al legislador para saltarse los principios establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución, en orden a conseguir un sistema tributario justo.

Para el colectivo de asesores fiscales las dudas respecto a la aplicación de la sentencia pueden surgir respecto a las actuaciones derivadas de la amnistía que puedan seguir abiertas, por lo que habrá que esperar al criterio que establezca la Agencia Tributaria y, en última instancia, los tribunales.

A juicio de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), aquellas personas a las que se les reclame una deuda como consecuencia de inspecciones abiertas con información obtenida en la amnistía fiscal podrían argumentar que la prueba es nula al haberse logrado en un proceso sin todas las garantías.

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