Se repite la historia. Los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) se enfrentan a un nuevo periodo de elevada litigiosidad entre las empresas y Hacienda si no se disipan las dudas y objeciones surgidas entre los asesores fiscales y operadores en torno al reglamento que desarrolla la ley, que entró en vigor en enero de 2015. Los especialistas y técnicos no dejan lugar a dudas sobre los riesgos que ya se están convirtiendo en realidad: ralentización de inversiones y bloqueo de asuntos estratégicos como la rehabilitación turística.
El principal problema es de nuevo el de las interpretaciones que se realizan sobre lo recogido en la ley de los aspectos fiscales del REF y en el reglamento que entró en vigor en noviembre de 2015. Para los expertos es la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda la que está modificando de forma sobrevenida las cuestiones que se le han consultado para aclarar el texto de la ley y del reglamento, lo que incrementa aún más la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas e inversores.
"Los nuevos problemas surgen por las innovaciones que está introduciendo Tributos en las consultas que se le hacen, los argumentos que utiliza son aún más restrictivos que el reglamento, que ya de por sí limitaba las mejoras de la ley", explica Salvador Miranda, director científico de la cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miranda, junto a la Asociación Española de Asesores Fiscales y a la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, ha elaborado un informe que se remitió al Ministerio de Hacienda con el desarrollo de los problemas técnicos, sin que hasta el momento haya habido respuesta desde Tributos. De hecho han solicitado una reunión al máximo nivel que aún no se ha producido. Es más, la preocupación de los técnicos y asesores es que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la amnistía fiscal de 2012 deje en un lugar secundario las peticiones de Canarias sobre el REF y se posterguen las reuniones y soluciones posibles para despejar las incertidumbres generadas hasta ahora.
Nuevos problemas
No se está ante los mismos problemas de antes. La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) fue objeto de una elevada conflictividad judicial desde que fue aprobada la ley del REF en 1994. La Reserva fue en plena bonanza económica, entre finales de los años 90 hasta 2007, un potente instrumento económico que fortaleció la estructura del tejido empresarial canario y superó en algunos momentos los 2.000 millones de euros en dotaciones anuales. Pero también fueron muchos los millones que tuvieron que liquidarse del Impuesto de Sociedades ante la incertidumbre que se generó y los recursos que se perdieron en el Supremo por las diferencias en las interpretaciones entre los inspectores de Hacienda y las empresas y profesionales.
Salvador Miranda admite que esos problemas se resolvieron con los cambios que entraron en vigor en 2015, pero ahora han surgido nuevos conflictos. Uno de los más graves para los operadores fiscales es que Tributos prohíbe invertir la Reserva en inmuebles en los que ya se haya materializado una dotación en etapas anteriores incluso a la creación de la propia RIC, cuando el incentivo se denominaba Fondo de Previsión para Inversiones.
En la misma línea se pronuncia el asesor fiscal Orlando Luján. "Los profesionales tenemos dudas sobre determinadas cuestiones", advierte, lo que trae como consecuencia que los inversores y empresarios se lo piensen dos veces antes de arriesgarse a invertir debido a la inseguridad jurídica que se ha generado en los últimos tiempos.
Luján avisa que si el Ministerio de Hacienda no aclara lo que están pidiendo empresas y operadores, el riesgo de frenar inversiones es mayor porque la expectativas que se habían generado con el nuevo REF se están yendo al traste debido a esta situación.
Los asesores fiscales reclaman al Gobierno canario un mayor respaldo a sus demandas para que interceda ante Tributos y se produzcan las correcciones técnicas necesarias. En este sentido, fuentes de la Consejería de Hacienda reiteran que la Comunidad Autonoma ha hecho suyas las peticiones de las patronales canarias y de los asesores fiscales y mantiene contactos regulares, tanto con los dirigentes empresariales como con representantes del Ministerio de Hacienda para intentar encauzar la situación generada. El departamento de Hacienda recuerda que cuestiones como los incentivos al cine y la acumulación de ayudas ya se han solucionado.
