Los nacidos entre los años 1965 y 1985 son los que más expuestos están a perder bienestar económico debido a las reformas de las pensiones. Así se desprende del ejercicio de simulación realizado en un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La evolución estimada de los salarios y de las prestaciones públicas a largo plazo apunta a que los ciudadanos que ahora tienen entre 32 y 52 años soportarán un "empeoramiento progresivo" de su situación en relación a los tramos de edad inmediatamente anteriores y que hoy están más cerca de la jubilación.
Quienes más notarán el bajón serán aquellos que cuenten con niveles de educación superiores. Hasta el momento, contar con un currículo extenso suponía acercarse a salarios más cuantiosos y, por tanto, a bases de cotización a la Seguridad Social también más elevadas. En definitiva, garantizaba tener una pensión más cercana al máximo (2.573,70 euros mensuales brutos en 2017) que al salario mínimo interprofesional (707 euros). El otro gran grupo -43%- lo integran quienes perciben una cantidad entre esos 707 euros y los 1.500.
En el lado contrario de las afecciones por las reformas, el estudio de Fedea sitúa a quienes hoy son más jóvenes , incluidos los que aún no están en edad de trabajar. Los nacidos a partir de 1985 notarán una recuperación progresiva.
Dos interrogantes
Alfonso R. Sánchez, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, firma el trabajo, que intenta responder a dos cuestiones principales: si las reformas de las pensiones de 2001 (retraso de la edad de jubilación y otros cambios, impulsada por el PSOE) y de 2013 (nueva revalorización desconectada de la inflación desde 2014 y ajuste de las nuevas pensiones según la esperanza de vida a partir de 2019, obra del PP) logran estabilizar el desfase entre gastos e ingresos y si los costes que genera el cambio demográfico se reparten de un modo "razonable" entre trabajadores activos y pensionistas.
A esta última cuestión el autor responde así: según las proyecciones que se utilizan, las pensiones (netas de impuestos) bajarán en términos reales y los salarios (netos de impuestos y cotizaciones) subirán, "de modo que la reforma parece distribuir los costes del envejecimiento de modo excesivamente desfavorable para los pensionistas".
El principal impacto para estos últimos se produce en el poder adquisitivo como consecuencia del procedimiento para actualizar las prestaciones que sustituyó al que las revalorizaba según las variaciones de la inflación. Desde 2014, se aplica otro índice vinculado al saldo de ingresos y gastos de la Seguridad Social y que asegura una subida mínima del 0,25% cuando, como en todos los años desde que comenzó a utilizarse en 2014, el sistema está en déficit. "Los jubilados más longevos pueden esperar pérdidas de entre el 25% y el 30% del valor real de la pensión inicial como consecuencia de la aplicación del índice de revalorización", sostiene Sánchez. El sacrificio que requiere sostener el sistema de prestaciones públicas se hace recaer principalmente sobre los propios pensionistas.
El informe evalúa qué generaciones serán las más perjudicadas por el recorte, considerando también la evolución esperada de los salarios (a partir de las expectativas de productividad). Calcula cómo será según las edades el grado de bienestar económico en 20 años de vida activa y toda la jubilación. El resultado es: el balance de quien haya nacido en 1955 será mejor que el de sus antecesores y esa progresión favorable continuará hasta quien haya nacido en 1965; pero a partir de ahí, el avance se detiene y aparecerá una tendencia declinante.
