La Provincia - Diario de Las Palmas

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Los auditores privados podrán fiscalizar las cuentas del sector público local

Las firmas auditoras se preparan para el control económico-presupuestario de los ayuntamientos

De izquierda a derecha, Corviniano Clavijo, Juan Luis Ceballos, Rafael Díaz, José Carlos Naranjo y Juan Antonio García, ayer en el Día del Auditor. TONY HERNÁNDEZ

La sociedad demanda cada vez más transparencia y eso exige más control. Para garantizarlo, las firmas privadas de auditoría y auditores individuales se preparan para fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público local. A partir del 1 de julio de 2018 podrán hacerlo y su actuación con lupa será sinónimo de eficacia y claridad en el manejo de los recursos públicos. Se abre un nicho de mercado para los 600 profesionales en Canarias, que celebraron ayer el Día del Auditor.

A partir del verano del próximo año los auditores particulares y las sociedades privadas podrán colaborar con las entidades locales para su control financiero y contable, a propuesta del órgano interventor y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos convenios o contratos. Así se deduce del Real Decreto 424 aprobado por el Gobierno central en mayo y que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, que deriva de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La meta es lograr un control económico-presupuestario de las arcas públicas más riguroso y transparente.

Madrid permite que los ayuntamientos, cabildos, mancomunidades, empresas y organismos de ámbito local contraten a auditores privados para inspeccionar sus cuentas, si no disponen de los medios propios necesarios. Este servicio externo será esencial para el cumplimiento del control de las cuentas en el tiempo y forma que exige la Ley.

Ello significa al mismo tiempo una oportunidad de negocio para este gremio, aunque para ello lo primero es la formación del personal, ya que realizar una auditoría pública difiere de si se efectúa a una sociedad anónima o limitada.

Dada la importancia de la cualificación y la especialización, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) se ha unido con la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Colegio de Economistas para desarrollar unas jornadas formativas los días 23 y 24 de octubre en Tenerife y 24 y 25 en Gran Canaria, impartidas por profesionales con dilatada experiencia.

La iniciativa tendrá espíritu de continuidad, siempre bajo el paraguas de la Audiencia de Cuentas. Este órgano, dependiente del Parlamento canario, cuenta con 54 empleados encargados de la fiscalización externa del sector público de la Comunidad Autónoma, integrado por 371 entidades (ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, cabildos, Gobierno regional, empresas y organismos públicos, universidades...) que mueven un presupuesto global estimado de más de 10.000 millones de euros, afirmó el presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, que inauguró en la Fundación Mapfre Guanarteme, en la capital grancanaria, el acto institucional del Día del Auditor, con la asistencia de medio centenar de auditores y economistas.

"Los ciudadanos ya no se conforman con dejar en manos de los políticos la gestión del dinero, sino que exigen saber si el empleo de los fondos públicos se ha dirigido a satisfacer la prestación de unos servicios públicos de calidad, y si esto se ha realizado de la manera más transparente y eficiente posible", remarcó Díaz. La Audiencia de Cuentas colabora desde hace más de una década con empresas privadas de auditoría de las Islas.

En concreto, en Las Palmas hay un total de 313 auditores (244 hombres y 69 mujeres), mientras que en Santa Cruz de Tenerife trabajan 285 (217 hombres y 68 mujeres), según datos del ICJCE. Su presidente en la provincia oriental, Juan Luis Ceballos, sostiene que el objetivo base de estos profesionales no es detectar fraude y corrupción, sino verificar que las cuentas a examen reflejan la imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y económica. "En medio desarrollamos unas normas técnicas con las que pudieran aparecer casos de fraude, pero no es el objetivo. En cualquier caso, evidentemente unas cuentas auditadas tienen mayor fiabilidad que las que no lo están", apostilló Ceballos, acompañado por su homólogo tinerfeño, Corviniano Clavijo.

El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Juan Antonio García, destacó que el nuevo Real Decreto 424 "abre un campo de actuación bastante grande", pero requiere formación. En ello coincidió el consejero auditor de la Audiencia de Cuentas, José Naranjo, que abogó por que "los auditores privados estén adecuadamente formados en la contabilidad y auditoría pública". "Cuanto mejor control, mejor funcionarán las administraciones", aseveró.

El sector de la auditoría de cuentas facturó 635 millones de euros en España en 2015 y empleó a 55.748 personas, lo que se traduce en una "estabilización" de la facturación del gremio una vez superada la crisis y en un "posible" crecimiento a partir de 2016, según el presidente del ICJCE, Mario Alonso, que presentó durante el evento el estudio Fotografía del sector auditor en España. Estimación de su impacto económico (2006-2016). El empleo directo de los auditores alcanzó los 16.294 profesionales en 2015 y generó otros 23.288 puestos de trabajo en actividades ejercidas por auditores en otras labores como la consultoría.

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