La barcelonesa Montse Pérez ha tenido que alquilar a través de la plataforma Airbnb su propio piso para poderlo recuperar. En la mañana del pasado jueves lo ocupó y esperó la llegada del inspector del Ayuntamiento de Barcelona al que denunció unos hechos que también puestos en conocimiento del juzgado. Según explicó la hija de Montse, Thais Franco, el problema comenzó el 12 de mayo cuando alquilaron a un ciudadano de 26 años con doble nacionalidad chilena y rusa el pequeño piso situado en el número 129 de la calle del Mar de Barcelona, en el popular y ahora turístico barrio de la Barceloneta.

El contrato de alquiler fue de 950 euros al mes y en sus cláusulas se hacía constar que el inquilino no podía realquilarlo ni hacer un uso turístico. El joven aseguró que había sido trasladado de Londres a Barcelona para trabajar como asesor financiero y era solvente, aseveración que demostró presentando una nómina de 3.000 libras esterlinas mensuales.

Una vez firmado el contrato, la propietaria intentó contactar con el inquilino para cambiar la titularidad de los suministros, pero ya no lo localizó, por lo que acudió a la vivienda, que estaba abierta. Sobre las camas había sábanas, relató su hija. Los vecinos le comentaron que del piso entraba y salía gente con maletas y que estaba siendo usado como piso turístico.

Fue entonces cuando descubrieron que el piso aparecía anunciado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb al precio de 200 euros la noche, es decir, 6.000 euros al mes. Montse Pérez y su hija Thais Franco descubrieron así lo que creen que es una posible organización que se dedica a arrendar pisos en Barcelona para después realquilarlos a turistas y obtener pingües beneficios.

En aquel momento decidieron reservar su propio piso y el primer día que estaba libre fue el jueves, tal como avanzó La Vanguardia. Para que el inquilino no reconociera a la propietaria, la reserva la hizo su hija Thais. Cuando esta acudió haciéndose pasar por turista, le abrió la puerta y le facilitó las llaves otra persona desconocida.

De esta manera recuperaron su vivienda y han cambiado la cerradura del piso. Franco explicó que cuando acudieron a los Mossos a denunciar la situación estos les dijeron que se trataba de un asunto civil en el que no podían intervenir, por lo que interpusieron una demanda en el juzgado de guardia y comunicaron los hechos al Ayuntamiento de Barcelona, que envió un inspector al piso.

Thais Franco aseguró que se trata de una organización que se dedica a este tipo de fraude ya que tienen conocimiento de que el chileno-ruso, al que no localizan, ha alquilado otros inmuebles en Barcelona con el mismo fin. La familia considera que está en su derecho de recuperar el piso porque el inquilino ha incumplido las cláusulas del contrato. La propietaria envió un burofax al inquilino comunicándole la rescisión del contrato, pero éste no ha contestado.

El caso ha destapado una de las numerosas picarescas que se producen en Barcelona con el alquiler de pisos para satisfacer la enorme demanda turística que tiene la ciudad, especialmente en barrios atractivos para los visitantes, como la Barceloneta, junto al mar, o Ciutat Vella, en el casco antiguo.

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha requerido varias veces a Airbnb, a la que incluso ha llegado a multar con 600.000 euros, que colabore activamente para detectar el fraude. La plataforma aseguró que "investiga activamente" el caso, pero responsabiliza al "anfitrión" -quien lo había alquilado- de haberlo ofertado a través de su página web.