Canarias registró en 2016 cifras de crecimiento económico y de empleo históricas, y mantendrá la senda ascendente a la espera del impacto que puedan tener factores externos como la salida de Europa del Reino Unido y la evolución de las economías de Estados Unidos y China. Así lo señalaron este martes el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, y su secretario general, José Cristóbal García, durante la presentación del Informe Anual de la Economía Canaria elaborado por la patronal de Las Palmas.

El 3,5% que avanzó el producto interior bruto (PIB) del Archipiélago a lo largo del pasado año superó en tres décimas al del conjunto del Estado, impulsó protagonizado por "el sector privado". Por su parte, García alertó de que la economía canaria no es capaz de crecer al mismo ritmo que la española en épocas expansivas por presentar un menor nivel de productividad, "la infracompensación de los sobrecostes que padecen las Islas", la excesiva burocracia y la dependencia energética.

Además, el secretario general negó que los salarios que se pagan en la comunidad autónoma sean menores a los del resto del país. "Son más bajos los salarios medios por la estructura productiva", apuntó, que sitúa en los sectores con menor remuneración los mayores volúmenes de mano de obra. Añadió la necesidad de vincular los incrementos salariales a criterios de productividad.

Ambos responsables demandaron a la Administración una mayor flexibilidad laboral y una revisión de la política fiscal. Manrique de Lara explicó que la subida de impuestos decretada por el Gobierno canario en 2012 se estableció por una "cuestión coyuntural ya superada", por lo que demandó una reducción de las cargas impositivas para las empresas. Sobre todo a la vista de incrementos de la recaudación del IGIC que fue del 9,5% el pasado año o del 32,4% del Impuesto de Sociedades, este de competencia estatal.

Los responsables de la CCE también desvelaron un trato favorable del conjunto de las administraciones hacia la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En números redondos, entre el inicio de la crisis y 2014, el valor añadido bruto de la provincia occidental ha recibido 3.418 millones de euros más que el de Las Palmas, diferencia que resulto especialmente acusada entre Gran Canaria y Tenerife en los años más duros de la crisis.

El presidente de la CCE matizó que ese desequilibrio se explica también por "el menor peso económico que el Cabildo" grancanario presenta frente al de Tenerife. Es decir, no toda la responsabilidad puede cargarse a un plan intencionado de poner más dinero en un lugar que en otro. En cualquier caso, ambos representantes empresariales señalaron que tienen mayor importancia las trabas con las que se encuentran a la hora de desarrollar sus proyectos.

"Más que los desequilibrios, nos importa que nos dejen hacer", señaló el presidente de la patronal de Las Palmas. Al respecto, tanto él como García manifestaron su esperanza en que la recientemente aprobada Ley del Suelo desatasque inversiones que el presidente situó "solo en Gran Canaria" por encima de los 1.200 millones de euros.