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Lanzarote y Fuerteventura urgen un endurecimiento para el alquiler turístico

Sostienen que el incremento en la oferta de camas amenaza la sostenibilidad y la calidad del servicio

Lanzarote y Fuerteventura urgen un endurecimiento para el alquiler turístico

El alquiler vacacional ha incrementado en un 30% la oferta de camas en Lanzarote. Lo afirma el consejero de Turismo del Cabildo, Echedey Eugenio, quien considera necesaria una inminente regulación del sector capaz de relajar la presión sobre la sostenibilidad de la isla y, coincide con su homólogo en Fuerteventura, Blas Acosta, para garantizar la calidad del servicio que se ofrece a los visitantes. El Gobierno regional convocará de forma inminente el Consejo Canario de Turismo mientras los propietarios de las viviendas rechazan ser los únicos culpables de las distorsiones que se están generando.

Profesores desplazados de sus islas de origen que se encuentran con grandes dificultades para encontrar una vivienda en la que residir o trabajadores de hoteles y apartamentos que también se ven afectados por la caída en picado de la oferta para alquiler residencial son algunos de los fenómenos que se están produciendo en el Archipiélago en los últimos meses.

Sin contabilizar 2016, ejercicio en el que sumaron muchas más, Lanzarote tiene 6.148 viviendas vacacionales y Fuerteventura, 3.193. En la primera de estas islas, el total de camas en régimen de alquiler para turistas (28.065) suponen el 27,98% del total de la oferta. En la misma comparativa, las 14.531 de Fuerteventura alcanzan una ratio del 18,94%.

El vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Valentín, rechaza que se les señale como responsables absolutos de las disfunciones. Citando datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) explica que ellos no tienen "la culpa de que desde 2011 la oferta de vivienda nueva en Lanzarote haya crecido solo un 0,13% mientras la población lo ha hecho un 23%". Admite que el alquiler vacacional "puede ser un factor más que contribuya" a la generación de los problemas, "pero no el único", porque no es menos importante "la falta de previsión de las administraciones en materia de vivienda".

Catorce años parado

Acosta admite que la última promoción pública en su isla se desarrolló en Pájara a partir de 2004 y los inmuebles se entregaron entre 2007 y 2008. Añade a ello, las dificultades que se derivan de un planeamiento, el de dicho municipio, que lleva parado desde hace "catorce años". El frenazo del sector de la construcción con la llegada de la crisis económica explica en buena parte esta tónica, generalizada en todo el Archipiélago.

Valentín afirma que el "obligado jurídico" a la hora de generar bolsas de vivienda "es el Gobierno de Canarias". Apunta que gran parte del parque inmobiliario está "en manos de los bancos", que embargaron las viviendas de particulares que no podían pagar la hipoteca y se adjudicaron promociones que las empresas no pudieron terminar o vender por el cierre del grifo del crédito y la consiguiente retracción drástica de la demanda. Liberarlo, al menos en parte, sería a su juicio una buena fórmula para aliviar las tensiones.

La Consejería de Turismo trabaja en el informe que presentará a los integrantes del Consejo Canario de Turismo en unos diez días. En él se constata el crecimiento del parque inmobiliario dedicado al turismo en algo menos de 2.000 viviendas a lo largo de 2016. Ayer, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Román Rodríguez, criticó la "parálisis" del Ejecutivo "ante una situación con efectos perversos en la población residente, los alquileres" y el negocio alojativo.

Tanto él como los responsables de Turismo de Lanzarote y Fuerteventura estiman necesario que se actúe cuanto antes para evitar que el problema adquiera dimensiones que hagan más difícil revertirlo. La vía que señalan como más propicia es el endurecimiento de las condiciones que han de cumplir los inmuebles para poder dedicarse a esta actividad.

"Determinar el número de habitaciones, la obligación de contar con seguro o con servicio de entrega de llaves" son ejemplos que enumera Eugenio. No obstante, el vicepresidente de Ascav asegura que el decreto en vigor, aprobado por el anterior Gobierno canario y suspendido parcialmente por la Justicia en lo que respecta a la prohibición de ejercer el alquiler vacacional en las zonas netamente turísticas, ya contempla condiciones que se han de cumplir necesariamente para poder alquilar los inmuebles a los visitantes. Incide en que la legislación actual "traspuso las obligaciones que debe cumplir una casa rural" a este ámbito.

Sin embargo, Blas Acosta afirma que en la actualidad, "con la mera solicitud [su departamento tiene 1.400 en trámite], se evita la sanción. La picaresca siempre cabe", sostiene y cita la sanción del Ayuntamiento de Barcelona a la plataforma Airbnb -600.000 euros- como una de las vías a explorar para distinguir entre quien verdaderamente cumple con todos los preceptos y quien no lo hace.

Corralejo es el lugar de Fuerteventura en el que más problemas hallan ahora mismo los trabajadores para encontrar un alquiler que puedan pagar. Se une Morro Jable, por la vuelta a la actividad del hotel Stella Canaris, que demandará un volumen de mano de obra que tampoco tendrá fácil hacerse con una vivienda en régimen de arrendamiento. "En Puerto del Rosario aún es posible encontrar alquileres entre 350 y 450 euros", detalla Acosta.

El vicepresidente de Ascav señala que "nadie" les ha llamado, a pesar de que el Ejecutivo regional anunció que para regular "contaría con todos los implicados. Hasta ahora solo hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que piensan endurecer la legislación", lamenta. Los propietario mantienen que su intención principal es "que todos los canarios se puedan beneficiar del turismo" y rechazan que alguien entre a discutir lo que pueden hacer o no con sus propiedades privadas.

Precisamente, Román Rodríguez recomienda al Ejecutivo de Fernando Clavijo que regule "buscando el mayor consenso posible" de todos los implicados. De esa manera, se evitarían posteriores decisiones judiciales que vuelvan a dejar en suspenso algunas de las obligaciones contenidas en el decreto que se prepara. El portavoz de NC en el Parlamento de Canarias reconoce que la tarea no es sencilla, pero recalca que el presidente del Archipiélago "no puede mirar para otro lado".

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