El Gobierno aprobó ayer la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por 10.192 millones para el pago de las pensiones, según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El crédito ya estaba contemplado dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se da sin devengar intereses y con un plazo máximo de cancelación de diez años a partir de 2018.

La Tesorería General de la Seguridad Social afronta en estas fechas un gran desembolso: la nómina de las pensiones, la paga extra de verano y el IRPF de las pensiones sujetas a este impuesto, obligaciones que, según Empleo, en esta ocasión alcanzan los 17.218 millones de euros. Para satisfacerlas, la Seguridad Social dispondrá de 9.500 millones de recursos adicionales, de los que 5.986 millones proceden del préstamo del Estado y 3.514 millones del vencimiento de activos y de cupones del Fondo de Reserva.

Con esta disposición que se hará de la hucha de la Seguridad Social, el valor del Fondo de Reserva a precio total de adquisición será de 11.602,16 millones, el 1,04% del PIB del 2016, mientras que el valor de mercado estimado alcanza los 11.677 millones, el 1,05% del PIB.

El resto de recursos para abonar las dos pagas y el resto de obligaciones procederá de la recaudación propia del sistema.

El departamento de Báñez explicó que la utilización de parte del préstamo del Estado tiene como fin mantener las reservas del Fondo sin desinvertir activos, con la penalización que ello conllevaría. Empleo insiste en que los recursos que éste aportará corresponden al vencimiento natural de activos y cupones durante el primer semestre del año. "El sistema ha optado por combinar dos instrumentos financiadores para garantizar el pago puntual y completo de las pagas", concluye.