11 de julio de 2017
11.07.2017

Londres intenta poner freno legal a los timos por indigestión de los británicos

Theresa May hará cambios legales para abaratar el coste de los pleitos para los turoperadores y exigir pruebas más contundentes

11.07.2017 | 03:38
Turistas en el sur de Gran Canaria.

El Gobierno británico estudia poner freno al aluvión de denuncias falsas por intoxicación alimentaria de los turistas británicos en sus viajes a España y que ya han costado a los hoteleros más de 50 millones de euros y que en el caso de Canarias se han multiplicado por 1.400% solo en el último año.

Tras numerosas reclamaciones del Gobierno de España, el Ejecutivo de Theresa May plantea limitar los costes legales que las compañías turísticas tendrían que afrontar si van a juicio ante las denuncias fraudulentas, mediante un proyecto de ley que modificaría la legislación existente. La norma exigiría además "pruebas más concluyentes" a la hora de realizar reclamaciones, según recoge el medio británico Daily Mail.

Según la legislación británica, los turistas de Reino Unido pueden realizar las reclamaciones fuera de su país hasta tres años después de haber abandonado la región donde pasaron sus vacaciones

May prepara un proyecto de ley para limitar dichos costes con el objetivo de que los turoperadores rechacen de antemano acudir a los tribunales y frenar así las faltas reclamaciones. Como primera medida, se quiere acabar con la laguna legal que permite a los turistas británicos reclamar tras tres años de haber visitado su destino.

Las reclamaciones falsas de los turistas por intoxicaciones en sus vacaciones han provocado que algunos hoteles hayan tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a denuncias, lo que puede ser una lacra para el sector turístico no sólo de España, sino también de otros destinos europeos como Italia, Grecia o Portugal.

El fraude ha empezado a repercutir en los precios de los paquetes turísticos a España en el mercado británico, aumentando los precios para que los hoteleros puedan así afrontar posibles demandas.

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que planea limitar la cantidad de costes legales que tienen que hacer frente las compañías, intentando así que los precios para los turistas británicos no aumenten. "Los turistas respetuosos con la ley no deberían tener que pagar más por sus ya duramente ganadas vacaciones de verano debido a las reclamaciones de enfermedad falsas que aumentan injustamente los precios", dijo.

May aseguró que "las sentencias de prisión duras ya están en vigor para cualquier persona declarada culpable de hacer una reclamación fraudulenta", pero la intención del Gobierno británico es "ir más allá".

De esta forma, el Gobierno británico se compromete a ayudar a detener estos fraudes que "están forzando el coste de las vacaciones en familia y dando a Gran Bretaña un mal nombre en el extranjero".

La iniciativa del Gobierno llega después de que la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA) lanzara la campaña Stop Sickness Scams (Stop a las estafas por enfermedad) en la que se advierte de que presentar una demanda fraudulenta en el extranjero puede suponer una condena de hasta tres años de cárcel en el extranjero. La iniciativa, lanzada como apoyo a los miembros de la ABTA y sus socios de la industria turística, cuenta entre otros apoyos con Thomas Cook, TUI, Jet2holidays y Monarch.

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