Cerca de 160.000 asalariados canarios no han esperado al pacto que tendrán que suscribir las cúpulas nacionales de la patronal y los sindicatos para regular las relaciones económicas en las empresas y han arrancado ya subidas de sueldo de una media de un 1,32%.
Tres de cada cuatro trabajadores por cuenta ajena de la Comunidad Autónoma aún aguardan a que los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de los principales sindicatos, CC OO y la UGT, lleguen a un acuerdo para fijar el alza de los salarios para este año. Pero otros 156.379, uno de cada cuatro, se han cansado de esperar y han firmado sus nuevas condiciones salariales en consonancia con la situación económica de sus empresas o de su sector. Han creído, en definitiva, que las entidades para las que trabajan y ellos mismos no podían aguardar hasta agosto para disponer al fin de las pautas para llevar a cabo la subida de sueldos o para determinar la duración de la jornada laboral.
La CEOE y los sindicatos llevan meses discutiendo sobre sus respectivas propuestas salariales, las mismas que ninguna de las dos partes está dispuesta a flexibilizar, o al menos no lo suficiente para destrabar una situación encallada desde enero y que tiene en vilo a millones de asalariados en todo el país y aún hoy a unos 545.000 en el Archipiélago. Tan es así, que hasta la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha tenido que escoger bando y exhortar al empresariado a asumir que ha llegado el momento, una vez superada la crisis en la vertiente macroeconómica, "de que los sueldos acompañen la recuperación del empleo". De momento, sin embargo, el tira y afloja continúa por más que el fracaso de las negociaciones no esté entre las posibilidades, lo que no ha evitado que haya transcurrido ya más de la primera mitad del año y que el acuerdo siga sin producirse.
Así las cosas, las conversaciones en paralelo en el seno de empresas y sectores de la economía canaria han permitido que esos 156.379 trabajadores por cuenta ajena tengan un nuevo marco salarial al que atenerse. La subida media de los sueldos lograda en las negociaciones, ese 1,32% de incremento, es incluso ligeramente superior, de un 1,34%, para los 146.557 asalariados que disfrutan de convenios de sector, es decir, aquellos que trascienden el ámbito de una única empresa. Por el contrario, el aumento salarial medio es inferior, de un 1,14%, en el caso de los restantes 9.822 empleados de las Islas que tienen convenios de empresa. Si se tiene en cuenta que en las conversaciones a nivel nacional la patro-nal maneja una horquilla de subidas de sueldo de un máximo de un 2,5% y un mínimo de un 1%, lo cierto es que los trabajadores de la región que se han adelantado a la firma del pacto se han quedado más cerca del suelo que del techo. Pero, no obstante, y por un lado, hay que puntualizar que en la CEOE solo están dispuestos a facilitar aumentos salariales del tramo alto de la horquilla en aquellos casos en los que haya un no-table crecimiento de la produc- tividad de la empresa y su plantilla. Por otro lado, ese incremen- to medio de las remuneraciones de un 1,32% no solo es dos décimas superior al que arrancó en 2016 un total de 283.705 empleados del Archipiélago, sino que, además, es el mayor de los últimos seis ejercicios.
Así pues, y siempre según las estadísticas del departamento que dirige Báñez, hay que remontarse a 2011 para dar con la última vez que la subida salarial pactada superó el porcentaje de este año. Entonces fue de un 2,1% y de ella se beneficiaron 360.350 trabajadores por cuenta ajena de las Islas. Ese ejercicio, sin embargo, la crisis se enfilaría hacia sus años más duros y, de hecho, los sueldos no aumentarían ni un 1% en ninguno de los cuatro ejercicios del período 2012-2015.
El número de empresas que cuenta en el Archipiélago con convenios laborales firmados es ahora de 21.509, y de ellas, solamente 96 tienen acuerdos particulares con sus empleados. La jornada laboral pactada en estos convenios es de una media de 1.800,49 horas anuales (37 horas y media a la semana), la mayor duración acordada entre empleadores y empleados en todo el país. Es más, en ninguna otra de las restantes 16 comunidades autónomas se han pactado jornadas que superen las 1.784 horas anuales, que es el máximo a que se ha llegado, en concreto en la Comunidad Valenciana.
Si la confederación empresarial maneja en las negociaciones con los sindicatos esa horquilla de posibles subidas salariales de entre un 1% y un 2,5%, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores parten de la base de que los incrementos de sueldo han de oscilar necesariamente entre un 1,8 y un 3%. Si se toma como referencia el punto de partida de las dos principales centrales sindicales del país, el aumento salarial medio que se ha pactado en la Comunidad Autónoma a lo largo de este año, y en concreto hasta el pasado 30 de junio, sería sensiblemente inferior, si bien la patronal no está dispuesta a llegar a los porcentajes de subida que reclaman los representantes de los trabajadores.
Cláusula de revisión
Pero, en cualquier caso, no son las diferencias respecto de hasta cuánto deben subirse los salarios el mayor de los problemas que han surgido a lo largo de los meses de negociaciones acumulados. Ahora cuando la inflación ha vuelto a irrumpir en el panorama económico nacional, tras un puñado de años de marcado carácter desinflacionista, los sindicatos han trasladado a la mesa de negociación la propuesta de recuperar la extinta cláusula de revisión salarial. Y ¿qué es y qué supone esta cláusula? En resumen se trata de una especie de seguro o garantía de subidas salariales que había pasado a la historia con los años de crisis. Una fórmula que, en definitiva, servía para garantizar que los empleados mantuvieran su capacidad adquisitiva, esto es, su poder de compra, pero que tenía su particular cruz de la moneda, ya que indirectamente contribuía precisamente a la inflación. La fórmula suponía así un sobrecoste laboral que terminó por desterrarse de los acuerdos de concertación social.
Sin embargo, los sindicatos quieren recuperar la cláusula para blindar una subida de sueldos que, como mínimo, tendría que ser entonces igual al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC), y ello con independencia de que el alza nominal que se fije inicialmente en las tablas salariales de los convenios sea menor. En consecuencia, para el actual ejercicio, en el que se prevé una inflación media de alrededor de un 1,5%, CC OO y UGT proponen que en el caso de aplicarse la horquilla de subidas que plantea la patronal, se incluya una cláusula de revisión que blinde que si el IPC rebasa finalmente el 1,5%, todos los salarios suban con carácter retroactivo anual al menos en ese mismo porcentaje. La CEOE se mantiene firme, de momento, en su rechazo a esta cláusula.
