La lista de más de 305.000 accionistas afectados por la desaparición de Banco Popular -engullido por Santander previo pago de un euro- incluye a 2.688 empresas y particulares canarios. Muchos de ellos engrosan también la nómina de quienes ya han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión adoptada el 7 de junio por la Junta Única de Resolución (JUR). El pasado lunes se cumplieron dos meses desde el día en que vieron esfumarse su inversión, fecha tope para iniciar la senda de la reclamación por esa vía.
Para exigir indemnizaciones cuentan con cinco años. A buen seguro que muchos de ellos explorarán esa vía teniendo en cuenta que ese día de junio se esfumaron en las Islas 5,7 millones de euros correspondientes a 18.488.206 acciones. Eso si se toma como referencia para el cálculo el último día de cotización (0,31 euros por título), porque si se acude al precio que tenía la acción de Popular antes de la ampliación de capital puesta en marcha por Ángel Ron en 2016, la suma asciende a más de doce millones de euros.
Por provincias, es Las Palmas la que acumula un mayor número de afectados, 1.654 (el 61,5% del total en el Archipiélago). La cartera inversora circunscrita a la desaparecida entidad bancaria sumaba en el final de esa primera semana de junio en las tres islas orientales un total de 11,73 millones de acciones. El valor de estas se situaba en el entorno de los 3,64 millones de euros, siempre tomando como referencia el precio de los títulos en la última aparición de Popular en el parqué.
Estrategia diferente
La estrategia a la hora de plantear las reclamaciones será diferente para quienes acudieron a la ampliación de capital de 2016. Estos inversores no exigirán devoluciones por ese precio de la última jornada de cotización del Popular, ya que para entonces gran parte del capital se había evaporado. Su objetivo será recuperar la suma íntegra colocada en acciones argumentando que la información recogida en el folleto para la ampliación no reflejaba fielmente la situación de la entidad.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el número de afectados asciende a 1.034, que se repartían 6,75 millones de títulos valorados en algo más de dos millones de euros en el momento de producirse la operación promovida y autorizada por Bruselas y articulada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
