Alrededor de dos millones de euros de inversores canarios de Banco Popular han llegado al Tribunal de la Unión Europea de la mano del abogado canario Roberto Miño, quien coordina la defensa del grupo más numeroso de inversores del Archipiélago afectados por la venta al Santander por un euro del pasado 7 de junio. Según sus cálculos, partiendo del valor objetivo bursátil que debía tener el banco antes de ser intervenido -muy por encima de los 0,31 euros a los que se comercializaron las acciones en el último día de cotización-, en Canarias se han evaporado mas de diez millones de euros.
Miño es miembro del bufete Cremades & Calvo Solelo, que dirige las reclamaciones del grupo más grande de inversores de toda España. El 7 de agosto procedió a impugnar ante el Tribunal General de la Unión Europea la Resolución de la Junta Única de Resolución, el órgano europeo que instrumentalizó lo que Miño ha llamado "la expropiación" de la acciones de todos los inversores. El abogado explicó que los afectados deben ejercer esta acción cuanto antes para que no expire la vía administrativa.
Hasta el momento "Europa no está a la altura de las circunstancia", resaltó el abogado. A su juicio, complica de manera excesiva el acceso de los inversores a los expedientes que fundamentaron su reclamación. Además de en la vía europea, el letrado ha interpuesto ante la Fiscalía una querella por presunta negligencia contra el último consejo de administración de la entidad financiera y una reclamación por daños y perjuicios. En el inicio de septiembre cursará otra reclamación ante el FROB, como ejecutor en España de la medida comunitaria.
En una nota enviada ayer, Miño aludió a la valoración de las acciones contenida en un peritaje independiente aportado a las reclamaciones. Según ese trabajo, el precio de cada título es de 1,85 euros. El abogado resaltó la necesidad de que la estrategia de defensa no se base en un solo procedimiento, sino que debe plantearse de forma global en todas las jurisdicciones y en todos los órganos institucionales comunitarios y nacionales.
"Estamos ante una de las mayores confiscaciones de la historia de los mercados", explicó el letrado nario. En su opinión, el derecho ha otorgado "instrumentos de cirujano a estos para terminar con posibles anomalías", pero en el caso del Popular "se han matado moscas a cañonazos en perjuicio de todas las familias e inversores que participaban de un banco solvente".
Miño ya defendió con éxito a los inversores canarios envueltos en la intervención de Banco Madrid. Confía en que ante una actitud tan "flagrante" y ajena los principios jurídicos mas esenciales, los tribunales finalmente darán la razón a las familias e inversores.
